Abriendo la norma
El Consejo Superior, previa valoración y aprobación del Tribunal de Ética, podrá a solicitud del profesional sancionado acordar la restitución de la matrícula por resolución fundada, siempre que hayan transcurrido un mínimo de tres años de su cancelación; salvo el supuesto previsto en el inciso 1) del artículo 60 de la presente Ley, en el cual se tomará en consideración el lapso total de la pena impuesta en el proceso judicial o el de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio profesional, si la hubiera.
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