Abriendo la norma
Supuestos. La víctima o el testigo vinculados con hechos que pudieren configurar violencia institucional tienen derecho a protección especial y a tutela reforzada durante todas las etapas del procedimiento, e incluso con posterioridad, cuando ello resultare necesario para el resguardo de sus derechos. A los fines de la presente Ley, constituyen violencia institucional las prácticas estructurales violatorias de derechos, desarrolladas por acción u omisión por funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios, efectores de salud u operadores judiciales, en contextos de restricción de autonomía o libertad. En tales supuestos, las autoridades competentes deben actuar con debida diligencia reforzada y adoptar, con carácter prioritario, las medidas necesarias para prevenir intimidaciones, amenazas, represalias, revictimización, injerencias indebidas o cualquier otra circunstancia que pudiere comprometer la denuncia, la declaración, la participación procesal o el acceso a la justicia.
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