Abriendo la norma
Principios Rectores. Las autoridades competentes deben actuar conforme los siguientes principios: a) Dignidad y respeto. La víctima es tratada con dignidad, respeto y sensibilidad, reduciendo al mínimo las molestias derivadas del proceso y evitando todo trato humillante o discriminatorio; b) No revictimización. Se adoptan medidas para evitar que la víctima sufra nuevas afecciones por su intervención, limitando reiteraciones innecesarias de diligencias o declaraciones y eliminando prácticas culpabilizantes o estigmatizantes; c) Enfoque diferencial y protección especial. Se brinda atención y apoyo especializado cuando exista situación de vulnerabilidad, adecuando los procedimientos a sus necesidades. La vulnerabilidad se presume, en particular, en casos de violencia de género o intrafamiliar, delitos contra la integridad sexual, violencia institucional; cuando la víctima sea una persona con discapacidad, capacidad restringida, menor de edad, mayor de 70 años, o tenga dependencia económica, afectiva, laboral o de subordinación respecto al presunto autor; d) Celeridad y oportunidad. Se adoptan sin demora medidas de ayuda, asistencia y protección. Los trámites vinculados a la víctima se realizan con la mayor celeridad posible, evitando dilaciones injustificadas; e) Coordinación interinstitucional. Los organismos del Estado provincial actúan coordinadamente para la derivación adecuada y el intercambio oportuno de información pertinente, a fin de prevenir nuevos riesgos; f) Debida diligencia. Las autoridades competentes y toda persona que intervenga en la recepción, atención, investigación, tramitación y juzgamiento de hechos delictivos deben actuar con debida diligencia, responsabilidad y profesionalidad adoptando, sin demora, las medidas necesarias para asegurar una respuesta rápida, eficaz y útil, evitar demoras, parálisis o irregularidades, y prevenir el agravamiento del daño sufrido por la víctima, y g) No regresividad. Los derechos reconocidos por esta Ley, constituyen un presupuesto mínimo de protección provincial. Ninguna interpretación, reglamentación ni acto administrativo puede disminuirlos, restringirlos o desnaturalizarlos.
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