Abriendo la norma
Derecho a la Información. Desde el primer contacto con Unidades Judiciales, Fiscalías o cualquier organismo que intervenga en la atención y asistencia de víctimas, se brindará información clara y comprensible sobre sus derechos y facultades, asuma o no el carácter de querellante particular. En particular, la víctima tiene derecho a: a) Conocer los pasos básicos del procedimiento y las vías para intervenir, incluida la constitución en querellante particular cuando corresponda; b) Recibir orientación sobre organismos o servicios de asistencia; c) Conocer el estado general de la causa y, a su solicitud, estar informado sobre actuaciones relevantes y situación procesal del imputado, conforme el Código Procesal Penal y las restricciones aplicables; d) Examinar actuaciones y tomar conocimiento del proceso en los términos del Código Procesal Penal; e) Ser notificada de resoluciones que puedan afectar directamente el ejercicio de sus derechos o su seguridad, en los supuestos y condiciones del Código Procesal Penal; f) Ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y de aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente, g) Ser informada y expresar su opinión ante el Juez de Ejecución Penal antes del otorgamiento de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, libertad asistida y todo régimen de egreso anticipado del condenado, y h) Conocer el resultado de todo acto procesal en el que haya participado. Cuando la víctima fuere una persona menor de edad o con capacidad restringida, la información debe brindarse en lenguaje claro, accesible, adecuado a su edad, grado de madurez y condiciones personales, pudiendo autorizarse el acompañamiento de una persona de su confianza durante los actos procesales en que intervenga, siempre que ello no afecte la averiguación de la verdad ni el derecho de defensa.
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