Abriendo la norma
La Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior será la autoridad de aplicación del presente Decreto en su ámbito de competencia específico, conforme las siguientes funciones:
a) La Secretaría de Seguridad Interior coordinará y supervisará la actividad privada de seguridad y custodia, llevando un registro de la totalidad de las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido la habilitación a que se refiere el inciso c) del presente artículo, constatando el cumplimiento de los requisitos que se establecen en los artículos 7º y 8º del presente Decreto y otorgando una credencial única y uniforme con validez en todo el territorio nacional, según las funciones atribuidas subsidiariamente al Registro Nacional de Armas y a las autoridades locales designadas en sus respectivas jurisdicciones.
b) El Registro Nacional de Armas (RENAR), a través de su Banco Nacional Informatizado de Datos, llevará el registro de la totalidad de las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido la habilitación para prestar servicios privados de seguridad y custodia, conforme los incisos a) y c) del presente artículo, como así también de la totalidad de sus armas de fuego, vehículos blindados, chalecos antibala y demás materiales controlados por la Ley Nº 20.429, sus modificatorias y su reglamentación; constatando el cumplimiento de los requisitos que se establecen en los artículos 7º y 8º del presente Decreto y emitiendo la credencial única y uniforme con validez en todo el territorio nacional, de acuerdo al Convenio que a tales efectos deberá suscribir con la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior.
La Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior arbitrará las medidas necesarias para establecer su acceso directo al Banco Nacional Informatizado de Datos del Registro Nacional de Armas y su interconexión con las autoridades locales designadas en las respectivas jurisdicciones, a los efectos de la aplicación del presente Decreto.
c) Las autoridades locales designadas en sus respectivas jurisdicciones, tendrán la responsabilidad primaria en la habilitación, fiscalización y control de las personas físicas o jurídicas que soliciten autorización para efectuar la prestación de servicios privados de seguridad y custodia.
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