Abriendo la norma
Las mediaciones que se realicen en forma gratuita a través de los Centros de Mediación deberán observar las siguientes reglas:
a) el procedimiento de mediación estará exento del pago de aranceles de inicio;
b) las partes deberán contar con la asistencia de un letrado matriculado en la jurisdicción;
c) las notificaciones a las partes deberán cursarse según lo previsto en la presente Reglamentación.
Los mediadores inscriptos en el Registro Nacional de Mediación deberán cumplir, a requerimiento y en las condiciones que establezca la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA, con su intervención en forma gratuita en hasta DOS (2) mediaciones prejudiciales obligatorias por año, que les serán asignadas por sorteo y hasta que se complete la lista de mediadores inscriptos en dicho registro, a fin de proporcionar el servicio en Centros dependientes del MINISTERIO DE JUSTICIA. De tal actuación deberá dejarse constancia en el legajo personal del mediador. La negativa o el silencio injustificado a la convocatoria a prestar el servicio constituyen un incumplimiento de deberes y es pasible de sanción.
Los Centros dependientes del MINISTERIO DE JUSTICIA deberán receptar las solicitudes de mediación prejudicial obligatoria gratuita prevista en el artículo 36 de la Ley N° 26.589 y sus modificaciones, ya sea por escrito o mediante solicitud expresada verbalmente, de lo que deberá dejar constancia el responsable del Centro, con indicación de nombre, apellido y domicilio del solicitante y de las circunstancias por las cuales se requiere el beneficio. Un equipo psicosocial dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA deberá analizar los factores sociales, culturales, económicos y ambientales que justifiquen la petición formulada y hacer una recomendación al responsable del Centro.
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