Abriendo la norma
Las partes acuerdan que cada una de las Jurisdicciones pueda encomendar al Estado Nacional la renegociación de las deudas provinciales instrumentadas en la forma de Títulos Públicos, Bonos, Letras del Tesoro o préstamos, que éste acepte, de modo que se conviertan en Préstamos Garantizados con recursos nacionales a ser asumidos por el FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL, siempre que las jurisdicciones deudoras asuman con dicho Fondo la deuda resultante de la conversión y la garanticen con recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos, conforme el régimen de la ley 23.548 y sus modificatorias o el régimen que en el futuro la reemplace. Será condición para la asunción de deudas por parte del FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL que las Jurisdicciones se comprometan a no aumentar sus gastos primarios, ni asumir nuevo endeudamiento, hasta la cancelación de las obligaciones resultantes de la renegociación, salvo que la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el MINISTERIO DE ECONOMIA de la Nación lo autorice expresamente y por resolución fundada.
Las amortizaciones de capital de los Préstamos Garantizados con recursos nacionales, asumidos por el FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL, de los años 2001, 2002 y 2003 se realizarán a partir del año 2004, respetando los tres (3) años de gracia de cada vencimiento.
La conversión se realizará a valor nominal, debiendo retirarse del mercado los títulos públicos que se reciban para su conversión y cancelarse los préstamos a una relación de UNO (1) a UNO (1) y en la misma moneda en la que estuviera expresada la obligación convertida, siempre que la tasa de interés del Préstamo Garantizado en que se convierta cada operación de crédito público sea al menos un TREINTA POR CIENTO (30%) inferior a la establecida en el título traído para su conversión, según condiciones de emisión.
Los Préstamos Garantizados en que se conviertan las operaciones de Deuda Pública, serán a tasa de interés anual, fija o flotante, de hasta el SIETE POR CIENTO (7%) o del 3% sobre tasa LIBO a plazos equivalentes, según corresponda, y de acuerdo al último párrafo del artículo 17º del Decreto Nº 1387/01.
Las Jurisdicciones que conviertan sus deudas estarán sujetas a la auditoría fiscal y financiera que designe el Estado Nacional, pudiendo utilizar al efecto los servicios del Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.
Texto de referencia. Ante una discrepancia rige la publicación oficial.Acerca de
Sin tarjeta de crédito. Conectá tu sistema judicial y hacele tu primera consulta a la IA.
El equipo de Veredicta te responde por WhatsApp o por correo.