Abriendo la norma
Los acuerdos que se realicen deberán responder, bajo certificación del interventor o máxima autoridad responsable del ente de que se trate, a la situación económico - financiera y a las características del gasto, debiendo básicamente ser compatibles con las posibilidades de caja.
En todos los casos se procurará establecer como manco de los acuerdos resultantes condiciones de institucionalización y regulación de conflictos de tal modo que quede garantizado, por un lado, el buen funcionamiento y continuidad de los servicios públicos y, por otro lado, la permanencia de la paz laboral.
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