Abriendo la norma
La suspensión preventiva autorizada por el artículo 46 de la ley se dispondrá por resolución del Ministro de oficio o a solicitud del instructor del sumario o de las autoridades a que se refiere el artículo 43 de esta reglamentación. El término de noventa (90) días se computará en días hábiles. El sumariante deberá comunicar a la Dirección General de Personal la fecha a partir de la cual se suspende al sumariado y con diez (10) días de anticipación el vencimiento del plazo de suspensión. Vencido el término de noventa (90) días sin que haya recaído resolución en el sumario, se levantará la suspensión preventiva y el funcionario deberá reintegrarse a sus funciones.
Si tal reintegro se considerara incompatible con la sustanciación del sumario en trámite, se dispondrá su desempeño transitorio en otra oficina con asignación de tareas distintas a las que desempeñaba.
El sumariante y, en su caso los funcionarios competentes para el levantamiento de la suspensión, serán responsables, si no lo hicieren dentro del plazo establecido de los perjuicios que ocasionaren tanto en el orden disciplinario como en el civil, para cuya determinación se dará intervención al Tribunal de Cuentas de la Nación.
En los casos en que un funcionario fuere sancionado con cesantía o exoneración, no tendrá derecho a la percepción de los haberes devengados mientras hubiere permanecido suspendido.
El pago de haberes por el término de la suspensión preventiva se ajustará a los siguientes recaudos:
a) Tratándose de procesos por hechos ajenos al servicio el funcionario tendrá derecho al pago de haberes si resultare sobreseído en el pronunciamiento judicial.
b) En el caso de procesos por hechos del servicio, el funcionario tendrá derecho a la percepción de los haberes devengados durante el lapso de su suspensión, sólo si en la causa no resultare sancionado. Si como consecuencia del sumario administrativo se aplicare una sanción que no dé lugar a cesantía o exoneración los haberes le serán también abonados.
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