Abriendo la norma
La sanción de caducidad del permiso, habilitación, autorización o inscripción en el respectivo registro, se aplicará de acuerdo a las siguientes pautas:
a. En relación a las empresas de transporte que prestan servicios públicos urbanos, suburbanos e interurbanos y servicios de tráfico libre y ejecutivos; la sanción de caducidad recaerá sobre la o las líneas, respecto de la o las cuales se hubieren constatado las infracciones que diera origen a dicha sanción.
b. En relación a las inscripciones en los registros respectivos para la prestación de servicios de oferta libre, servicios de transporte por automotor para el turismo, o los que se creen con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto N° 958 de fecha 16 de junio de 1992 y sus modificatorios, la caducidad recaerá sobre la totalidad de aquellas inscripciones de las que fuese titular la empresa de transporte sancionada.
c. Cuando la sanción se aplicase sobre las inscripciones mencionadas en el inciso precedente, de ello no se seguirá la aplicación de tal sanción, sobre los servicios que la empresa de transporte pasible de la misma tuviere inscriptos como servicios públicos urbanos, suburbano e interurbanos y servicios de tráfico libre o servicios ejecutivos, en los registros correspondientes.
d. Cuando la gravedad del caso lo amerite, la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE podrá disponer la extinción de la relación jurídica que vincula a la empresa de transporte con el ESTADO NACIONAL en relación a todos los servicios de autotransporte de pasajeros de jurisdicción nacional, cualquiera fuera la modalidad de servicio con la que dicha empresa se encontrare inscripta en el o los registros correspondientes, lo cual traerá aparejado que tal empresa no continúe con la prestación de tales servicios.
La sanción de caducidad lleva implícito el impedimento para el titular del permiso, autorización, habilitación o inscripción en el registro respectivo, para postularse como operador de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional por el término de DOS (2) años. Si el titular fuera una persona jurídica, el impedimento aludido se extenderá a los socios, gerentes, directores, síndicos y/o miembros del consejo de vigilancia.
(Artículo sustituido por art. 10 del Decreto N° 818/2018 B.O. 12/9/2018)
(Artículo sustituido por art. 10 del Decreto N° 818/2018 B.O. 12/9/2018)
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