Abriendo la norma
Las personas jurídicas constituidas en la REPÚBLICA ARGENTINA o las personas humanas residentes en el país podrán acogerse al Régimen de Inversiones para la Actividad Minera previsto en la Ley N° 24.196 y sus modificaciones, en la medida en que desarrollen en el territorio nacional y por cuenta propia las actividades mineras previstas en el artículo 5° de la referida ley, debiendo acreditar, en las condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación, la titularidad del proyecto minero y sus lineamientos básicos.
Asimismo, podrán solicitar su adhesión aquellos sujetos que realicen las actividades mineras que se indican en el artículo 5°, inciso a) de la Ley N° 24.196, a título de prestación de servicios para productores mineros, siempre que reúnan las condiciones que oportunamente fije la Autoridad de Aplicación y los organismos públicos del sector, quienes podrán resultar inscriptos en el registro habilitado por aquella al solo efecto de acogerse a los beneficios del artículo 21 de dicha ley.
A los fines indicados en el segundo párrafo del artículo 2° de la ley, se entiende por prestadores de servicios mineros a aquellas personas humanas o jurídicas que acrediten la prestación directa de servicios en favor de los titulares de proyectos mineros.
En el caso de organismos públicos del sector minero -nacionales, provinciales o municipales- la inscripción, al único efecto del artículo 21 de la citada ley, estará supeditada a la previa y expresa adhesión de la respectiva jurisdicción al Régimen de Inversiones Mineras, extremo que la Autoridad de Aplicación deberá verificar de manera previa a la inscripción.
ARTÍCULO 2° bis.- Inscripción. La información y/o demás requisitos y/o antecedentes salientes requeridos para la inscripción, tanto de los titulares de proyectos mineros como de los prestadores de servicios destinados a tal actividad, será presentada por los interesados con carácter de declaración jurada.
La aprobación de la solicitud de inscripción del beneficiario del proyecto o del prestador de servicios mineros, por parte de la Autoridad de Aplicación, será efectuada a través de un acto administrativo expreso, decisión que será notificada al beneficiario al domicilio legal electrónico constituido al momento de interponer la respectiva solicitud de adhesión, a la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), ente autárquico actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y al organismo con competencia en la actividad minera de la provincia que corresponda, dentro de un plazo máximo de TREINTA (30) días, contados a partir de su dictado.
La fecha de notificación del acto administrativo de inscripción será el momento a partir del cual se podrá hacer uso de los beneficios del régimen y el momento a partir del cual se asumen los compromisos, obligaciones y demás requisitos de permanencia por parte de los beneficiarios. Los interesados podrán notificarse espontáneamente del acto obrante en el expediente administrativo mediante presentación en los términos del artículo 41, inciso b) del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.
La Autoridad de Aplicación deberá establecer los mecanismos necesarios a los fines de publicar y actualizar el listado de beneficiarios.
Los beneficiarios deberán mantener actualizada la información vinculada con su actividad, su proyecto de inversión, su estudio de factibilidad o los antecedentes que dieron lugar a la adhesión de los prestadores de servicios mineros, según el caso. Cualquier adecuación deberá comunicarse hasta el 31 de marzo del año calendario siguiente al de la modificación, con el fin de conservar la inscripción en el registro correspondiente. De no hacerlo, la Autoridad de Aplicación entenderá que subsisten las últimas condiciones declaradas.
Detectado el incumplimiento de esta condición, como resultado de las acciones de verificación y control consecuente, el beneficiario podrá ser pasible de las sanciones pertinentes, previa intimación a que dicha omisión sea subsanada.
En el caso en que la modificación omitida implicara la configuración de una infracción -a algún/os de los presupuestos/requisitos esenciales del régimen promocional- que, por su gravedad, haga incompatible la continuidad del beneficiario en este, la Autoridad de Aplicación procederá, una vez cumplida la instancia administrativa que haga a la defensa del infractor, a dictar la caducidad pertinente y a darlo de baja del registro respectivo.
ARTÍCULO 2° ter.- Prestadores de servicios mineros. La Autoridad de Aplicación establecerá, mediante resolución complementaria, las condiciones que deberán cumplir los prestadores de servicios mineros para poder inscribirse en el Registro referido en el artículo 2° de la Ley N° 24.196 y utilizar el beneficio del artículo 21 de esa norma legal. A partir de su inscripción en el Registro, los prestadores de servicios mineros deberán acreditar el porcentaje de facturación anual obtenido en concepto de realización de tales prestaciones respecto del total de su facturación por todo concepto. Dicho porcentaje no podrá ser inferior al que establezca la Autoridad de Aplicación. Al vencimiento de cada año calendario y con anterioridad al 31 de marzo del año siguiente, el mencionado prestador deberá acreditar dicha exigencia ante la Autoridad de Aplicación mediante la presentación de una declaración jurada anual, informando sobre el cumplimiento de dicho porcentaje, la que deberá estar acompañada por un informe emitido por Contador Público con título habilitante.
Si al vencimiento del plazo para la presentación de la mencionada declaración jurada esta no se hubiera presentado será intimado a subsanar dicha omisión por única vez. De persistir el incumplimiento o de verificarse que el prestador de servicios mineros no hubiere cumplido con el porcentaje mínimo de facturación requerido será suspendido en el uso del beneficio estipulado en el artículo 21 de la mencionada ley por el tiempo que se establezca en la resolución complementaria de carácter general que dicte la Autoridad de Aplicación.
Durante la suspensión señalada, los bienes que hubieren sido importados con la franquicia del referido artículo 21 continuarán afectados al uso exclusivo para la prestación de servicios mineros contemplados en el régimen. La constatación de uso no minero de bienes importados con franquicia durante la suspensión configurará la infracción contemplada en el inciso e) del artículo 28 de la citada ley y dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en los incisos 1 y 3 del artículo 29 de la ley, además de la obligación de abonar, respecto de los bienes efectivamente desviados de su destino, los derechos, impuestos, tasas y gravámenes no ingresados con motivo de su importación calculados sobre el valor en aduana del bien a la fecha de su importación y conforme las alícuotas vigentes al momento de la detección de la infracción, más los intereses resarcitorios correspondientes.
Si transcurridos DOS (2) años consecutivos desde la suspensión, el inscripto persistiera en alguno de los incumplimientos señalados, la Autoridad de Aplicación podrá disponer su baja definitiva.
Previo a disponerse la baja, la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA deberá intimar al beneficiario para que, dentro de los SESENTA (60) días hábiles administrativos anteriores al vencimiento del referido plazo de DOS (2) años, regularice la situación de los bienes que a esa fecha permanezcan afectados al régimen del artículo 21 de la Ley de Inversiones Mineras, mediante alguna de las siguientes alternativas: (i) su reexportación, conforme a las disposiciones de dicho artículo 21; o (ii) su desafectación en los términos previstos en el inciso g) del artículo 21 del presente Anexo.
Una vez cumplida y acreditada cualquiera de las alternativas precedentes respecto de cada bien, este quedará desafectado del régimen promocional y su titular podrá disponer libremente de aquel. En caso contrario, se dispondrá la baja y se exigirá el pago de los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes correspondientes al bien a la fecha de su importación y conforme la alícuota vigente al momento del vencimiento del plazo antes referido.
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