Abriendo la norma
Establécese un plazo de caducidad de TREINTA (30) días hábiles judiciales que comenzará a correr a partir de la percepción de la retribución reducida de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2, para que los trabajadores del Sector Público ejerzan judicialmente los derechos que consideren que les asisten. Vencido dicho plazo se extinguirá toda acción o derecho contra lo establecido en el presente y sus actos de ejecución particulares.
Dispónese la irrecurribilidad en sede administrativa por cualquier medio, de todos los actos que se adopten o realicen como consecuencia de lo dispuesto en este decreto.
(Artículo sustituido por art. 1° del Decreto N° 398/1995 B.O. 27/3/1995).
(Artículo sustituido por art. 1° del Decreto N° 398/1995 B.O. 27/3/1995).
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