Abriendo la norma
Se entiende que la liberación de gastos vinculados con la intervención quirúrgica, comprende exclusivamente aquéllos relacionados directa o indirectamente con el acto médico de ablación, implante y postoperatorio tanto del receptor como del dador vivo. La SECRETARIA DE SALUD del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL, previo informe del INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE, fijará el valor arancelario de la procuración de órganos y tejidos. Para la determinación de tal valor se tendrán en cuenta los aranceles correspondientes:
a) Diagnóstico de muerte del potencial donante.
b) Mantenimiento biológico del donante hasta la ablación de los órganos y/o materiales anatómicos.
c) Estudios de histocompatibilidad y de laboratorio que sean requeridos.
d) Gastos de las intervenciones quirúrgicas de ablación de órganos y/o materiales anatómicos.
e) Gastos de perfusión y conservación de órganos y/o materiales anatómicos.
f) Gastos originados en la distribución operativa de los órganos y/o materiales anatómicos.
g) Gastos posteriores a la ablación directamente vinculados con la misma, según conste en la historia clínica respectiva del donante vivo.
La ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD o el Organismo que la reemplace deberá reconocer automáticamente el valor arancelario de la procuración de órganos y tejidos a los fines que las respectivas Obras Sociales de los receptores hagan efectivo el mismo. En todos los casos, la ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD y los Organismos similares, deberán asegurar la libre elección del paciente respecto del Centro de Transplante habilitado en el que se asistirá.
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