Abriendo la norma
El producido de la venta de los bienes recuperados deberá destinarse, en primer término, a la reparación de las víctimas del delito, conforme lo determine el órgano judicial interviniente en la causa correspondiente.
A los fines del presente artículo, se entenderá por víctimas a las personas expresamente identificadas como tales en la sentencia judicial respectiva.
El remanente de los fondos, luego de efectuada la reparación mencionada, y previa deducción de los gastos de la regularización catastral registral y/o dominial, inscripción, mantenimiento y administración, y satisfechos los aranceles, tasas y comisiones que deba percibir la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO por su gestión, será distribuido anualmente entre los organismos que integran el CONSEJO DE BIENES RECUPERADOS EN FAVOR DEL ESTADO NACIONAL, conforme los siguientes porcentajes:
a) VEINTICINCO POR CIENTO (25%) al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL;
b) VEINTE POR CIENTO (20%) al PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN;
c) DOCE COMA CINCO POR CIENTO (12,5%) a las FUERZAS DE SEGURIDAD dependientes del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL;
d) DOCE COMA CINCO POR CIENTO (12,5%) al MINISTERIO DE JUSTICIA;
e) DIEZ POR CIENTO (10%) al MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN;
f) DIEZ POR CIENTO (10%) a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA;
g) CINCO POR CIENTO (5%) a la SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA (SEDRONAR) dependiente del MINISTERIO DE SALUD; y
h) CINCO POR CIENTO (5%) a la asistencia de las víctimas de trata de personas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas N° 26.364 y sus modificatorias.
Los fondos correspondientes a los órganos mencionados en los incisos a), b) y e) deberán destinarse prioritariamente a inversiones en infraestructura, tecnología y mejoras operativas que contribuyan al fortalecimiento del sistema de justicia penal federal. Dichos fondos no podrán destinarse a gastos corrientes o a la contratación de recursos humanos bajo ninguna modalidad, salvo en el caso de proyectos o programas debidamente justificados que guarden estricta vinculación con los fines establecidos en el presente artículo.
A efectos de garantizar una adecuada gestión, la trazabilidad contable y posterior distribución conforme a lo previsto en el presente régimen, el MINISTERIO DE JUSTICIA deberá organizar y administrar de manera separada los acervos constituidos por:
1. Los ingresos originados en bienes decomisados en causas tramitadas ante la justicia nacional; y
2. Los ingresos originados en bienes decomisados o bienes cuyo dominio fuera declarado extinguido en el marco del Decreto N° 62/19, en virtud de resoluciones judiciales dictadas por la justicia federal.
A tal fin, el MINISTERIO DE JUSTICIA habilitará y mantendrá operativas dos cuentas bancarias diferenciadas, en el marco de la Cuenta Única del Tesoro, a través de las cuales se canalizarán los respectivos fondos.
Los acervos son independientes entre sí, y la distribución de los recursos provenientes de uno de éstos no produce efectos sobre el otro.
Texto de referencia. Ante una discrepancia rige la publicación oficial.Acerca de
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