Abriendo la norma
A los efectos de este decreto se definen los siguientes términos:
a) Autoridad de Aplicación: será la que oportunamente designe el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
b) Administración: actividades destinadas al manejo, gestión y utilización de los bienes, tendientes a su preservación, mantenimiento, custodia y conservación, procurando su aprovechamiento más eficiente y beneficioso en términos económicos y/o sociales.
c) Conservación: medidas y acciones dirigidas a resguardar el estado material y funcional de los bienes, evitando su deterioro o pérdida de valor, con el fin de asegurar su integridad, disponibilidad y utilidad futura.
d) Disposición del bien cautelado: venta anticipada, o su destrucción, inutilización o abandono.
e) Disposición del bien recuperado: venta para distribuir su producido, o su destrucción, inutilización o abandono.
f) Bien: cosa de cualquier naturaleza, tanto inmueble como mueble, registrable y no registrable, comprendida en una decisión judicial dictada en el marco de lo establecido en el artículo 1° del presente ANEXO I.
g) Bien cautelado: bien proveniente de actividades presuntamente ilícitas sujeto a medidas cautelares dictadas por el órgano judicial.
h) Bien recuperado: bien respecto del cual el órgano judicial ha declarado de modo definitivo la privación del derecho de propiedad, de la posesión, de la tenencia, o de cualquier otro derecho real o personal a favor del ESTADO NACIONAL. Esta denominación se aplica a los bienes decomisados, a los bienes abandonados o entregados en favor del ESTADO NACIONAL como parte de un acuerdo de suspensión del proceso a prueba, a los bienes entregados como reparación integral o conciliación respecto de hechos que sean de interés del ESTADO NACIONAL o lo perjudiquen, y a los bienes comprendidos en los procesos de extinción de dominio regidos por el Decreto N° 62 del 21 de enero de 2019.
i) Producido: bien, beneficio, renta o ganancia provenientes directa o indirectamente de actividades ilícitas, o de actividades lícitas vinculadas con actividades ilícitas.
j) Órgano judicial: juez u oficina judicial, según corresponda, en razón de la competencia asignada al primero o a la segunda por el ordenamiento procesal aplicable.
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