Abriendo la norma
a) Cambio de categoría: Los extranjeros podrán solicitar a la autoridad de aplicación el cambio de la categoría o subcategoría en que fueron originariamente admitidos, cuando reúnan para ello las condiciones exigidas por la Ley Nº 25.871, el presente Reglamento y las disposiciones generales dictadas por la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES.
b) Suspensión de trámite: Cuando un extranjero estuviere tramitando su residencia y se encontrare imputado o procesado en causa penal cuya resolución pudiese determinar alguno de los impedimentos legales para residir en el territorio argentino, la autoridad de aplicación suspenderá el curso de las actuaciones administrativas hasta tanto se resuelva tal situación judicial. Asimismo otorgará al extranjero una autorización de residencia precaria, en los términos de la prevista en el artículo 69 de la Ley Nº 25.871, la que podrá hacerse extensiva, en su caso, al grupo familiar a su cargo.
c) Capacidades diferentes: A los extranjeros con capacidades diferentes, cualquiera fuera su edad, les corresponderá igual categoría de residencia que la otorgada a sus padres, hijos o cónyuges.
d) Residencia precaria: Si por responsabilidad del organismo interviniente los trámites de radicación demoraren más de lo estipulado sin justa causa, a partir de la segunda renovación de la residencia precaria ésta deberá hacerse en forma gratuita.
El certificado que emita la autoridad de aplicación otorgando una residencia precaria deberá enumerar los derechos que acuerda al extranjero tal condición.
e) Control de permanencia: A efectos de controlar la legalidad de la permanencia de extranjeros en el territorio argentino, la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES tendrá las siguientes atribuciones:
1) Requerir a los extranjeros que acrediten su situación migratoria cuando existan circunstancias objetivas que permitan fundadamente sospechar que aquella resulte irregular. Cuando el requerido alegare ser residente regular y estar habilitado para trabajar y alojarse pero no pudiere acreditarlo en el acto, y ello tampoco pudiera ser verificado en ese momento por la autoridad migratoria, el interesado podrá solicitar que se le conceda un plazo razonable a efectos de probar aquellas circunstancias.
2) Organizar y conducir los operativos de inspección y fiscalización orientados a verificar el cumplimiento de las obligaciones de los dadores de empleo y alojamiento con respecto a la población extranjera residente en el país.
3) Requerir a quien se encuentre a cargo del lugar inspeccionado, la presentación de los libros, registros y documentación relativa al personal y a pasajeros extranjeros que prescriba la normativa vigente; de no tenerlos disponibles en el acto de inspección, se lo intimará a que presente tales documentos en un plazo improrrogable no superior a CINCO (5) días. Asimismo la autoridad migratoria podrá ordenar el secuestro de la documentación probatoria necesaria por un plazo que no excederá los TRES (3) días, vencido el cual deberá quedar nuevamente a disposición de la persona de cuyo poder se sacaron.
4) Requerir la previa autorización judicial en caso de mediar oposición del propietario o responsable del medio o lugar a inspeccionar, cuando éste no fuere de acceso público.
5) Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando las circunstancias lo aconsejaren o tornaren necesario para el mejor cumplimiento de las funciones de control.
6) Organizar y conducir los operativos de inspección y fiscalización tendientes a constatar la existencia del criterio migratorio alegado por el extranjero frente a la autoridad competente.
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