Abriendo la norma
Las Provincias que correspondan, controlarán los valores indicados en las declaraciones juradas presentadas por los BENEFICIARIOS señalados y en base a dicho análisis elaborarán y remitirán, en un plazo máximo de DIEZ (10) días, contados a partir de la presentación de cada BENEFICIARIO, un informe dirigido a la SECRETARIA DE ENERGIA, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA, acompañado de copia de las respectivas declaraciones juradas conformadas por el Organismo de Contralor Provincial competente; indicando la procedencia o improcedencia del pago del subsidio.
Cada Provincia, sin perjuicio de los controles que lleve adelante la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION, deberá instrumentar sistemas de control que permitan verificar regularmente la veracidad y exactitud de las declaraciones juradas presentadas por los BENEFICIARIOS mencionados, a través de las auditorías y/o procedimientos que a dichos fines estime pertinentes.
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