Abriendo la norma
Sustitúyese el artículo 5° de la Ley N° 25.764, por el siguiente:
“ARTÍCULO 5º.- Las medidas especiales de protección, cuando las circunstancias lo permitan y lo hagan aconsejable, podrán consistir en:
a. La custodia personal o domiciliaria;
b. El alojamiento temporario en lugares reservados;
c. El cambio de domicilio;
d. El suministro de los medios económicos para alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona beneficiaria se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios. La asistencia económica podrá otorgarse por SEIS (6) meses. Si existieren razones de seguridad debidamente fundadas que justifiquen extender dicho plazo, el Director Nacional de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS podrá prorrogarlo sucesivamente hasta un máximo de VEINTICUATRO (24) meses. Excepcionalmente, y mediando solicitud debidamente fundada por parte del Director Nacional de la mencionada Agencia, el juez o tribunal de la causa podrán autorizar que la asistencia se extienda hasta los TREINTA Y SEIS (36) meses;
e. La asistencia para la gestión de trámites;
f. La asistencia para la reinserción laboral;
g. El suministro de documentación que acredite identidad bajo nombre supuesto a los fines de mantener en reserva la ubicación de la persona protegida y su grupo familiar.”
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