Abriendo la norma
Incorpórase como artículo 9° bis de la Ley N° 25.764 el siguiente:
“ARTÍCULO 9° bis.- Los funcionarios y demás agentes de la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS mantendrán bajo estricta reserva los legajos de los casos y sólo tendrán obligación de brindar información a las autoridades que intervengan en los procesos judiciales en los que se dispuso la protección de las personas.
La información vinculada con la aplicación de las medidas de protección tendrá carácter reservado, debiendo los funcionarios y empleados de los organismos administrativos y judiciales intervinientes guardar secreto. El deber de confidencialidad subsiste aun cuando cese su desempeño en la Agencia o en el organismo actuante.
El deber de confidencialidad se extiende a los datos relativos al honor, modo de vida e intereses privados de las personas incluidas, de los que los agentes públicos tomaren conocimiento en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, y abarca a cualquier persona ajena a la AGENCIA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS que, por su oficio, profesión u ocupación, tuvieran acceso a la información referida a los casos que se tramitan bajo la órbita de la Agencia.”
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