Abriendo la norma
Decreto-Ley 10.878/1957
Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.
ARAMBURU. - Isaac Rojas. - Alfonso de Laferrére. - Carlos R. S. Alconada Aramburú. - Victor J. Majó .- Teodoro Hartung. - Jorge H. Landaburu.
CONVENCION SOBRE DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTADOS EN CASO DE LUCHAS CIVILES
Los gobiernos de las repúblicas representadas en la VI Conferencia Internacional Americana celebrada en la ciudad de La Habana, República de Cuba, el año 1828, deseosos de llegar a un acuerdo en cuanto a los deberes y derechos de los Estados en caso de luchas civiles, han nombrado sus plenipotenciarios.
Quienes, después de haberse cambiado sus respectivos plenos poderes, que han sido encontrados en buena y debida forma, han convenido lo siguiente:
Art. 1° - Los Estados contratantes se obligan a observar las siguientes reglas respecto de la lucha civil en otro de ellos:
Primero: Emplear los medios a su alcance para evitar que los habitantes de su territorio, nacionales o extranjeros, tomen parte, reúnan elementos, pasen la frontera o se embarquen en su territorio para iniciar o fomentar una lucha civil.
Segundo: Desarmar e internar toda fuerza rebelde que traspase sus fronteras siendo los gastos de internación por cuenta del Estado donde el orden hubiese sido alterado. Las armas encontradas en poder de los rebeldes podrán ser aprehendidas y retiradas por el gobierno del país de refugio, para devolverlas una vez terminada la contienda al Estado en lucha civil.
Tercero: Prohibir el tráfico de armas y material de guerra, salvo cuando fueren destinadas al gobierno, mientras no esté reconocida la beligerancia de los rebeldes, caso en el cual se aplicarán las reglas de neutralidad.
Cuarto: Evitar que en su jurisdicción se equipe, arme o adopte a uso bélico cualquiera embarcación destinada a operar en interés de la rebelión.
Art. 2° - La calificación de piratería, emanada del gobierno de un país contra buques alzados en armas, no obliga a los demás Estados.
El Estado que sea agraviado por depredaciones provenientes de buques insurrectos tiene derecho para adoptar contra éstos las siguientes medidas punitivas: Si los causantes del hecho lesivo fueren naves de guerra, puede capturarlas para hacer entrega de ellas al Gobierno de Estado a que pertenezcan, el cual los juzgará; si los hechos lesivos provinieran de buques mercantes, el Estado afectado puede capturarlos y aplicarles las leyes penales del caso.
El buque insurrecto, sea de guerra o mercante, que enarbole bandera de un Estado extranjero para encubrir sus actos, podrá también ser capturado y juzgado por el Estado de dicha bandera.
Art. 3° - El buque insurrecto, de guerra o mercante, equipado por la rebelión que llegue a un país extranjero o busque refugio en él, será entregado por el gobierno de éste al gobierno constituído del país en lucha civil y los tripulantes serán considerados como refugiados políticos.
Art. 4° - La presente convención no afecta los compromisos adquiridos anteriormente por las partes contratantes en virtud de acuerdos internacionales.
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