Abriendo la norma
Decreto-Ley 1.638/1956
Concedida la extradición, el Estado requirente se obliga:
a) A no procesar ni a castigar al individuo por un delito común cometido con anterioridad al pedido de extradición y que no haya sido incluido en él, a menos que el interesado manifieste expresamente su conformidad;
b) A no procesar ni a castigar al individuo por delito político, o por delito conexo con delito político, cometido con anterioridad al pedido de extradición;
c) A aplicar al individuo la pena inmediata inferior, si según la legislación del país de refugio correspondiente para aplicarle pena de muerte;
d) A proporcionar al Estado requerido una copia auténtica de la sentencia que se dicte.
Texto de referencia. Ante una discrepancia rige la publicación oficial.Acerca de
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