Abriendo la norma
Decreto-Ley 17.923/1944
Cuando se comprobare que por cualquier razón imputable a las personas beneficiarias de pensión o a las que certifiquen o atestiguen sus declaraciones y requisitos en que se funde el reconocimiento de la pensión, alguno hubiera percibido pensión o mayor parte de la que legalmente le corresponda, se procederá a la inmediata suspensión del pago del beneficio hasta que recaiga resolución sobre la situación. Si el hecho comprobado fuese doloso o susceptible de ser fundadamente presumido como tal, el Poder Ejecutivo decretará la extinción definitiva de la pensión, la Contaduría General de la Nación formulará el cargo que pudiere corresponder por concepto de sumas indebidamente percibidas y se ordenará entablar las acciones penales y civiles pertinentes contra los que aparecieren responsables. También se remitirán los antecedentes a la justicia del crimen, cuando la falsedad u ocultación se comprobaren durante el curso de la gestión aunque no se hubiere llegado a acordar el beneficio. Si el hecho comprobado, por su naturaleza no revistiera carácter doloso, la pensión será igualmente suspendida de inmediato, la Contaduría General de la Nación formulará el cargo por las sumas indebidamente percibidas, para cuyo pago íntegro se emplazará al pensionista por el término que fijará en cada caso el Poder Ejecutivo y vencido el término se ordenará entablar la acción civil de repetición correspondiente. En los casos comprendidos en este apartado, previa consideración de las circunstancias y a pedido de los interesados, el Poder Ejecutivo podrá autorizar en cualquier momento la reanudación del pago del beneficio y el reintegro del importe del cargo, mediante adecuados descuentos en los haberes de pensión futuros.
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