Abriendo la norma
Decreto-Ley 2.191/1957
El gobernador desde el día de su nombramiento hasta el cese de sus funciones, no podrá ser arrestado, ni detenido, ni sometido a proceso criminal por autoridad alguna, excepto el caso de ser sorprendido 'in fraganti', sin previa autorización del Poder Ejecutivo nacional.
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