Abriendo la norma
Decreto-Ley 4.028/1958
Los bienes muebles embargados, secuestrados o comisados por orden judicial o en cumplimiento de leyes u ordenanzas, serán depositados en el Banco, con excepción del dinero, los semovientes y los que por convenio de partes, disposición del juez, o imperio de la ley, deban quedar en poder del deudor.
Los objetos se recibirán bajo inventario y tasación, pudiendo rechazarse los de conservación difícil o peligrosa, dando cuenta al juzgado.
Los gastos para levantar instalaciones y los de accarreo serán abonados por el actor o el interesado en el depósito al constituirse éste, sin perjuicio de sus derechos contra quien resulte obligado a pagarlos.
Los efectos serán devueltos previa orden escrita del juzgado y pago de los derechos y gastos que se adeuden.
En los casos de desaparición o deterioro de los mismos, la indemnización será fijada por el tribunal que ordenó el depósito, a cuyo fin no tendrá en cuenta la tasación.
Toda vez que el monto de los derechos y gastos adeudados ascienda a la quinta parte del valor de los efectos, o cuando haya transcurrido dos años desde su recepción, el Banco estará facultado para proceder a la venta de ellos, previa comunicación al juzgado y siempre que, pasados treinta días sin efectuarse el pago, no reciba éste orden en contrario.
Cuando la conservación de los efectos fuera difícil o peligrosa, el Banco procederá en igual forma, si no se retira el depósito dentro del plazo precitado.
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