Abriendo la norma
Decreto-Ley 5.624/1963
En todos los casos en que fuese necesario para el efectivo cumplimiento de las resoluciones que adopte, la Superintendencia de Ahorro y Préstamo requerirá la incautación de libros, papeles y documentos, allanamientos y clausuras, mediante petición al juez federal de Primera Instancia en lo Contencioso-Administrativo de la Capital Federal, cuya decisión se dictará sin sustanciación alguna y será apelable, al solo efecto devolutivo, por el trámite establecido por la ley 50.
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