Abriendo la norma
Decreto-Ley 5.624/1963
Cuando la liquidación fuese judicial se seguirá el procedimiento de la liquidación sin declaración de quiebra y las funciones de síndico, inventariador y/o liquidador serán desempeñadas por la Superintendencia de Ahorro y Préstamo, debiendo ésta promover las acciones civiles o penales contra los responsables. Cuando la liquidación a cargo de la Superintendencia de Ahorro y Préstamo sea extrajudicial, serán de aplicación las disposiciones del Código de Comercio sobre liquidación de sociedades, con las modificaciones siguientes: a) La comunicación mensual prescripta por el artículo 426, inciso 2. del mencionado Código será sustituida por informes trimestrales sobre el estado de la liquidacíon, que permanecerán en el lugar de la sede social de la entidad liquidada a disposición de los interesados b) Terminada la liquidación la Superintendencia de Ahorro y Préstamo se presentará ante el juez de Comercio competente acompañando el balance final de la misma y un proyecto de división del haber social entre los socios o accionistas, previa deducción de los créditos pasivos de la entidad que aún no hubieran podido ser satisfechos. De esta presentación se dará noticia por edictos publicados durante tres (3) días en dos diarios del lugar en que la entidad tenga su sede social, uno de los cuales será el de anuncios legales Dentro de los treinta (30) días siguientes al de la última publicación, los socios o accionistas podrán formular observaciones, las que serán resueltas por el juez en un único juicio en el que aquéllos tendrán derecho a intervenir. La sentencia que se dicte tendrá efecto aun con respecto a los socios o accionistas que no hayan intervenido en el juicio. Transcurrido el término sin que se hubieran opuesto observaciones, o resueltas éstas, tanto el balance como el proyecto de división se tendrán como aprobados por todos los socios y accionistas y se procederá al reintegro del haber social c) Las sumas de dinero no reclamadas por sus titulares serán depositadas en cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina y se mantendrán a su disposición por el término de cinco (5) años, a cuyo vencimiento cualquier saldo no reclamado será considerado vacante y pasará a incrementar el 'Fondo de Garantía' previsto por el artículo 7. del decreto 368/62 d) Reintegrado el haber social y/o efectuado el depósito indicado en el inciso precedente, el juzgado declarará extinguida a la entidad y no podrá en lo sucesivo entablarse acción alguna contra la misma o contra la Superintendencia de Ahorro y Préstamo por su gestión liquidadora. Los acreedores de la entidad sólo podrán accionar contra la misma mientras no haya sido pronunciada la declaración judicial de extinción y únicamente hasta la concurrencia de los bienes sociales aún no divididos o de los importes aún no depositados, sin perjuicio de las acciones que les correspondan contra los socios accionistas e) Los libros y documentación de la entidad serán depositados en la Superintendencia de Ahorro y Préstamo por el término de diez (10) años, a contar de la fecha de la declaración judicial de extinción de la entidad, a cuyo vencimiento podrán ser destruidos.
En todos los casos la Superintendencia de Ahorro y Préstamo sólo podrá cobrar por su gestión los gastos de cualquier naturaleza en que hubiera incurrido como consecuencia de las liquidaciones. Las reglas contenidas en este artículo se aplicarán manteniéndose lo dispuesto por los artículos 7. y 8. del decreto 368/62.
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