Abriendo la norma
Decreto-Ley 5.752/1958
Los jueces y camaristas del Tribunal de faltas serán inamovibles mientras dure su buena conducta. Sólo podrán ser removidos previo juicio que deberá substanciarse ante la sala 1 de la Cámara nacional de apelaciones en lo penal de la Capital federal, por acusación escrita y fundada de cualquier interesado o del Ministerio Fiscal. El tribunal podrá exigir ratificación y firma de letrado al acusador y ordenar la suspensión del trámite hasta tanto se cumplan estos requisitos. El tribunal podrá suspender al juez desde la presentación de la acusación o concederle licencia por el tiempo que dure el juicio.
De la acusación se dará traslado por seis días hábiles al acusado y contestada que fuera o vencido el término se convocará inmediatamente a las partes a una audiencia con 5 días hábiles de anticipación como mínimo. Las partes deberán solicitar con suficiente tiempo todas las medidas indispensables para que la prueba se produzca y sea examinada en la audiencia, a la que deberá concurrir también el fiscal de cámara. Si el acusador no compareciera sin justa causa, se le aplicará una multa de m$n. 3.000, destinados al Instituto Municipal de Previsión Social, archivándose el expediente, siempre que la acción no fuera seguida por el fiscal de cámara. Si el acusado faltare sin justa causa, se le juzgará en rebeldía. La sentencia se dictará en la misma audiencia y, si fuera condenatoria, sólo declarará la cesantía del juez o camarista. Cuando la acusación fuere manifiestamente temeraria o maliciosa, la cámara podrá imponer a su autor, y al letrado patrocinante una multa de m$n. 3.000 a pesos 15.000 moneda nacional, con destino al Instituto Municipal de Previsión Social.
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