Abriendo la norma
Decreto-Ley 6.250/1958
Los deberes que comporta la defensa antiaérea pasiva, son considerados carga pública irrenunciable. Los que infrinjan, obstaculicen o no presten la cooperación requerida en el cumplimiento de las obligaciones resultantes del presente decreto ley, serán pasibles: la primera vez de una multa de m$n. 10 a m$n.
10.000. En caso de reiteración una multa de m$n. 100 a m$n. 50.000.
Estas multas serán aplicadas por el Poder Ejecutivo, con apelación al solo efecto devolutivo, por ante el juez que corresponda. Su monto se regulará de acuerdo a la capacidad económica e intelectual del responsable y al daño que previsiblemente hubiera podido ocasionar u ocasionare realmente. Quien reiterase por tercera o más veces la falta, será castigado con prisión de un mes a dos años siguiendo al efecto el procedimiento ordinario del juicio criminal. Se reprimirá, asimismo, la tentativa de infracción a las prescripciones de este decreto ley y la incitación a cometerlas.
Por las infracciones que cometan los menores de 18 años o incapaces, responderán sus padres, tutores o guardadores. Cuando los que violen las prescripciones de este decreto ley, sean sociedades comerciales o civiles, asociaciones, personas jurídicas, etc., y no pueda determinarse al infractor, se responsabilizará personalmente a los directores, administradores o gerentes, a quienes compete velar por su cumplimiento. Si el condenado a pena de prisión fuese un funcionario público o ejerciere alguna profesión, arte u oficio, sufrirá, además, inhabilitación por el doble tiempo de la condena. A los fines indicados, el Poder Ejecutivo queda facultado para adoptar todas las medidas que considere indispensables para prevenir y fiscalizar las infracciones y el cumplimiento del presente decreto ley.
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