Abriendo la norma
Decreto-Ley 9.372/1963
Los bienes muebles embargados, secuestrados o comisados por orden judicial o en cumplimiento de leyes u ordenanzas, serán depositados en el Banco, con excepción del dinero, los semovientes y los que por convenio de partes, disposición del juez, o imperio de la ley, deban quedar en poder del deudor. Los objetos se recibirán bajo inventario y tasación, pudiendo rechazarse los de conservación difícil, dispendiosa o peligrosa a juicio del Banco, dando cuenta al juzgado.
Los gastos para levantar instalaciones y los de accarreo serán abonados por el actor o el interesado en el depósito al constituirse éste, sin perjuicio de sus derechos contra quien resulte obligado a pagarlos.
Los efectos serán devueltos previa orden escrita del juzgado y pago de los derechos y gastos que se adeuden.
En los casos de desaparición o deterioro de los mismos, la indemnización será fijada por el tribunal que ordenó el depósito, a cuyo fin se tendrá en cuenta la tasación.
Toda vez que el monto de los derechos y gastos adeudados ascienda a la quinta parte del valor de los efectos, o cuando haya transcurrido un año desde su recepción, aunque la deuda no alcance aquel porcentaje, el Banco estará facultado para proceder a la venta de ellos, previa comunicación al juzgado y siempre que, pasados treinta días sin efectuarse el pago, no reciba éste orden en contrario.
Cuando la conservación de los efectos fuera difícil o peligrosa, el Banco procederá en igual forma, si no se retira el depósito dentro de los treinta días de comunicada la circunstancia al juzgado.
Texto de referencia. Ante una discrepancia rige la publicación oficial.Acerca de
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