Abriendo la norma
Quedan expresamente excluidas de toda modalidad de concesión, delegación, privatización o transferencia a terceros -sean éstos personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras- las actividades y funciones esenciales que resulten propias, inherentes o indelegables del Estado. A los efectos del presente, se consideran comprendidas dentro de estas actividades y funciones esenciales, sin perjuicio de otras que pudieran ser definidas por la normativa vigente, las vinculadas a: Educación pública en todos sus niveles; a) Salud pública y servicios sanitarios esenciales; b) Seguridad pública y protección civil; c) Servicios vinculados a la administración de justicia; d) Sistema penitenciario; El Estado mantendrá en forma exclusiva la titularidad, dirección, control y responsabilidad directa sobre dichas funciones, sin que pueda cederse o delegarse su gestión en ningún supuesto.
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