Abriendo la norma
- MANDAMIENTO DE PAGO Y EMBARGO. El juez competente, en un solo auto, dispondrá mandamiento de pago y embargo contra el deudor por la cantidad reclamada, más lo que el juzgado estime para intereses y costas, citándolo de remate para que oponga excepciones, en el término de CINCO (5) días, a contar desde la fecha de notificación. La presentación del título ejecutivo habilitará sin más la disposición de las medidas cautelares que en cada caso se solicitaren, no pudiéndose requerir prueba o cumplimiento de algún otro requisito, caución y/o extremo alguno al efecto, debiendo el juez decretar la medida en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad del Fisco. Los apoderados fiscales podrán requerir, en los términos enunciados precedentemente y en cualquier etapa del proceso, las siguientes medidas, sin perjuicio de cualquier otra que se considere procedente: a. Traba de embargos sobre: 1. Dinero efectivo o cuentas o activos bancarios y financieros, a diligenciar directamente ante las entidades correspondientes para el supuesto de encontrarse determinadas, caso contrario ante el Banco Central de la República Argentina para que proceda a efectuar las comunicaciones pertinentes a las instituciones donde puedan existir, instruyendo la transferencia a cuenta de autos exclusivamente del monto reclamado con más lo presupuestado para responder a intereses y costas. Para el caso de resultar insuficientes, las cuentas permanecerán embargadas hasta que se acredite y transfiera el monto total por el cual procedió la medida asegurativa del crédito fiscal. La entidad requerida deberá informar al Juzgado en el plazo de CINCO (5) días hábiles desde la toma de razón, el detalle preciso de las cuentas u operaciones activas a nombre del ejecutado, su saldo y los movimientos registrados durante los TRES (3) días previos a la traba de embargo. Igualmente deberá precisar si existe en esa entidad caja de seguridad a nombre del ejecutado detallando la numeración precisa que permita individualizarla para un eventual embargo de objetos de valor allí existentes. El incumplimiento en el envío de la información requerida, en caso de ausencia de embargo de la totalidad de los fondos requeridos, hará pasible a la entidad solicitada de multa. 2. Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo. 3. Sueldos u otras remuneraciones siempre que sean superiores a seis salarios 4. Bienes inmuebles y muebles sean o no registrables. Los Registros Públicos deberán informar en forma simultánea la toma de razón de la cautelar y la existencia de cualquier otra restricción, gravamen o derecho real constituido e inscripto con anterioridad. En caso de embargo de bienes existentes en caja de seguridad, el Juez ordenará el procedimiento sin más trámite. El oficial de justicia que lleve a cabo la medida y quienes participen en la misma, se abstendrán de divulgar la existencia de efectos no susceptibles de valor económico, como así también de su descripción en el acta que se labre y secuestro. b. Intervención de caja y embargo de las entradas brutas equivalentes al VEINTE POR CIENTO (20%) y hasta el CUARENTA POR CIENTO (40%) de las mismas. En estos supuestos, el interventor deberá informar y depositar dentro de los DIEZ (10) días hábiles desde que se comenzó a efectivizar la medida, los importes recaudados en los primeros CINCO (5) los depósitos de lo recaudado con posterioridad, deberán ser realizados con una periodicidad no superior al mes. El juez podrá autorizar la realización de transferencias electrónicas. c. Inhibición general de bienes e incluso su extensión a los activos bancarios y financieros, pudiendo oficiarse a las entidades bancarias correspondientes o al Banco Central de la República Argentina. En todos los casos, las anotaciones y levantamientos de las medidas que aseguren el crédito fiscal, como así también las órdenes de transferencia de fondos que tengan como destinatarios los registros públicos, instituciones bancarias o financieras, podrán efectivizarse a través de sistemas y medios de comunicación informáticos. El Juez deberá priorizar la traba y mantenimiento de cautelares sobre montos líquidos en lugar de hacerlo sobre bienes realizables, excepto petición o consentimiento expreso de la parte actora. Con la información proveniente de cada cautelar, el Juez podrá de oficio o a pedido de parte, requerir del actor, notificándolo personalmente o por cédula, la conformidad para el levantamiento o reducción de alguna de las medidas cuando resulte evidente la suficiencia de la cautela y pueda ocasionarse un perjuicio al demandado. En caso de resolver el Juez, en forma contraria a lo expresado por el actor, la providencia deberá ser notificada por cédula siendo apelable dentro de los CINCO (5) días. El recurso se fundará en el mismo escrito de interposición y se concederá con efecto suspensivo para el supuesto en que el auto ordene el levantamiento o la reducción de alguna de las medidas. El mismo procedimiento, en la parte que resulte pertinente, deberá llevarse adelante para evaluar el mantenimiento de las medidas cautelares que se hubieran adoptado en sede administrativa antes del inicio del apremio. En todos los casos el Fisco y sus apoderados estarán exentos de dar fianza o caución.
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