Abriendo la norma
Conversión de la sanción de decomiso: En el supuesto de ausencia total de documentación respaldatoria o cuando la misma no se ajuste a la realidad respecto de los bienes transportados, la Dirección podrá optar entre aplicar la sanción de decomiso o una multa de entre el veinte por ciento (20%) y hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor de los bienes transportados, la que en ningún caso podrá ser inferior a la suma de pesos cinco mil ($5.000). En el supuesto de que la documentación se encontrara incompleta o con datos erróneos la Dirección podrá optar entre aplicar la sanción de decomiso o una multa de entre el diez por ciento (10%) y hasta el treinta por ciento (30%) del valor de los bienes transportados, la que en ningún caso podrá ser inferior a la suma de pesos tres mil quinientos ($3.500). En cualquiera de los casos previstos, si el interesado reconociere la infracción cometida dentro del plazo fijado para la celebración de la audiencia establecida en el Artículo 66°, regularizara su situación acompañando la documentación exigida por la Dirección que diera origen a la infracción. abonara voluntariamente una multa equivalente a los dos tercios del porcentaje mínimo correspondiente y renunciara expresamente a cualquier acción recursiva, se procederá al archivo de las actuaciones. Cuando se hubiere aplicado la sanción de decomiso de los bienes transportados mediante resolución, la misma quedará sin efecto si el propietario, poseedor, transportista o tenedor de los bienes, dentro del plazo establecido en el artículo 75°, reconociere la infracción, acompañare la documentación exigida por la Dirección que diera origen a la infracción y abonare una multa del cuarenta (40%) o treinta por ciento (30%) del valor de los bienes según corresponda, la que, en ningún caso, podrá ser inferior a la suma de pesos siete mil ($7.000), renunciando a la interposición de los recursos administrativos y judiciales que pudieran corresponder. A los efectos de la graduación de la multa se entenderá por valor de los bienes al precio de venta de los mismos estimados por la Dirección al momento de verificarse la infracción, facultándosela para disponer con carácter general los mecanismos y parámetros a considerar a tales efectos.
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