Abriendo la norma
El plazo de duración del procedimiento disciplinario se contará a partir de la fecha de la resolución que disponga su apertura hasta el dictado de la resolución que ponga fin al proceso. Dicho plazo no podrá ser nunca superior a ciento ochenta (180) días, siempre y cuando, durante su tramitación, no hayan existido diferentes incidencias de carácter procesal que hubiesen impedido su trámite normal, en cuyo caso para su cómputo, no se tendrán en consideración el tiempo transcurrido en las incidencias. El pleno, por razones fundadas y de oficio o a petición de partes, podrá prorrogar por única vez el procedimiento, por un plazo de hasta noventa (90) días. Cumplido los plazos sin que se hubiere arribado a una resolución, se dispondrá la caducidad del procedimiento y se ordenará su archivo de oficio o a petición de parte. La caducidad no tendrá efecto de cosa juzgada en caso que surjan hechos nuevos o elementos de prueba relevantes no conocidos al momento de disponerse la misma.
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