Abriendo la norma
A fin de cumplimentar lo dispuesto en los Artículos 34, 35, 36 y 37 de la presente Ley y en la Ley N° 6126, el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas y/o a través de quien el mismo designe, podrá realizar los actos necesarios y suscribir todos los documentos para su ejecución, como así también a dictar las normas aclaratorias, complementarias y reglamentarias necesarias para su cumplimiento: a) Efectuar adendas, modificaciones o rectificaciones de los convenios de deuda existentes, incluyendo la posibilidad de adicionar al capital adeudado, los servicios de intereses impagos a través de capitalizaciones de interés u operaciones análogas. b) Otorgar garantías similares a las ya autorizadas por las Leyes que facultaron la creación original de la deuda a reestructurar y otorgar garantías para las demás operaciones conforme se autoriza en la presente Ley. c) Determinar la oportunidad, plazos, métodos y procedimientos para la reestructuración. d) Solicitar las autorizaciones que correspondan a las distintas dependencias del Estado Nacional, y suscribir la demás documentación necesaria a tal efecto. e) Designar instituciones, entidades y sus asesores, agentes y/o asesores financieros para que actúen como coordinadores de aquellas potenciales transacciones que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el presente. f) Designar cualquier tipo de agentes para que actúen en la administración de manejo de pasivos, análisis de contratos y/o enmienda de los contratos existentes. g) Aprobar y suscribir en forma directa contratos con entidades y/o asesores financieros y jurídicos y/o técnicos para que presten los servicios enumerados en los Incisos precedentes, como así también agentes de información, consentimiento, fiduciarios y todo otro agente que permita la implementación de las potenciales operaciones para dar cumplimiento a la presente Ley, previéndose para ello el pago de la correspondiente retribución en condiciones de mercado. h) Sujetarse a leyes extranjeras. i) Prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y/o árbitros nacionales y/o extranjeros y otros compromisos habituales en financiamientos internacionales.
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