Abriendo la norma
Incorpórese el Artículo 233 Ter al Código Procesal Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma: "Artículo 233 Ter.- INVESTIGACIÓN ENCUBIERTA EN ENTORNOS DIGITALES. El Juez a requerimiento de parte, podrá autorizar en el marco de una causa concreta, en la que se investigue la comisión de delitos de especial gravedad, la realización de investigaciones encubiertas de medios de comunicación informáticos, redes sociales, sitios informáticos de venta e intercambio de datos, productos o servicios, juegos en línea, sitios de comercio electrónico o cualquier otro sistema informático, con el fin de identificar a los autores, partícipes o encubridores, impedir la consumación de un delito, o para reunir elementos de prueba útiles a la investigación. A tal fin el Juez podrá autorizar la designación de investigadores propuestos por el Ministerio Público de la Acusación para que actúe en forma encubierta. Los investigadores designados, podrán crear o utilizar perfiles o identidades digitales falsas, poniendo en conocimiento al Fiscal a cargo de la causa, quien deberá registrar toda la información necesaria respecto a los perfiles e identidades falsas, sistemas informáticos en los que se utilizarán, claves de acceso validadas y actividad concreta a desarrollar. El Juez podrá autorizar que, durante la investigación encubierta, se intercambien archivos o contenidos ilícitos, se compren o vendan bienes, activos digitales o servicios, se participe de foros o grupos o cualquier actividad en entornos digitales dirigida a identificar a los responsables de los hechos ilícitos investigados. En estos supuestos, no serán punibles quienes, como consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación encubierta encomendada, hubieran cometido un hecho ilícito, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la investigación y no implique poner en peligro cierto la vida o la integridad psíquica o física de una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico moral a otro. La medida será autorizada por el plazo estrictamente necesario para lograr la individualización de los autores, partícipes o encubridores, o para obtener y asegurar los medios de prueba necesarios para su prosecución. La orden judicial que autorice la medida deberá fundamentar su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, justificando especialmente la ponderación de su utilidad con relación a la afectación de derechos fundamentales involucrados, la gravedad del hecho investigado y que no existen medios menos intrusivos de la intimidad del imputado que resulten útiles para alcanzar los mismos fines probatorios. El incumplimiento del procedimiento antes expuesto, constituirá falta del Juez Penal actuante".
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