Abriendo la norma
Activos computables. A los fines de lo dispuesto en los Artículos 4 y 9, se considerarán inversiones en activos computables aquellas efectuadas a partir de la entrada en vigencia del Régimen (FOGIN), destinadas a la adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos directamente afectados a las actividades comprendidas en el régimen. Quedan expresamente excluidos del cómputo los activos financieros, las inversiones de portafolio y los bienes de cambio. Para asegurar la efectividad del proyecto, se establece como condición de permanencia en el presente Régimen durante la aplicación del Plan de Inversión, el cumplimiento de los siguientes plazos mínimos de ejecución del Plan comprometido y aprobado por la Autoridad de Aplicación: a) b) Proyectos entre cinco millones de dólares estadounidenses (USD 5.000.000) y cincuenta millones de dólares estadounidenses (USD 50.000.000): El beneficiario deberá acreditar la inversión de, al menos, el cuarenta por ciento (40%) del monto total comprometido en su plan de inversión dentro de los primeros tres (3) años contados desde el acto administrativo que otorgue fehacientemente los beneficios de la presente Ley y su Decreto Reglamentario. b) Proyectos entre cinco millones de dólares estadounidenses (USD 5.000.000) y cincuenta millones de dólares estadounidenses (USD 50.000.000): El beneficiario deberá acreditar la inversión de, al menos, el cuarenta por ciento (40%) del monto total comprometido en su plan de inversión dentro de los primeros tres (3) años contados desde el acto administrativo que otorgue fehacientemente los beneficios de la presente Ley y su Decreto Reglamentario. Proyectos superiores a cincuenta millones de dólares estadounidenses (USD 50.000.000): El beneficiario deberá acreditar la inversión de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) del monto total comprometido dentro de los primeros tres (3) años contados desde el acto administrativo que otorgue y apruebe fehacientemente los beneficios de la presente Ley y su Decreto. Excepcionalmente, cuando medien circunstancias particulares o estratégicas debidamente justificadas por la Autoridad de Aplicación, el Poder Ejecutivo podrá reducir los referidos porcentajes de cumplimiento inicial. En los proyectos contemplados en el Inciso b) del presente Artículo, dicha reducción no podrá ser, bajo ningún concepto, inferior al veinte por ciento (20%) del monto mínimo comprometido para los primeros dos (2) años.
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