Abriendo la norma
Ley provincial 6.519
FUNCIONES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Para la ejecución de la presente Ley, la Autoridad de Aplicación ejerce las funciones y atribuciones que se detallan seguidamente: a) Habilitar los establecimientos farmacéuticos establecidos en la presente Ley, establecer los requisitos documentales, estructurales, de seguridad, higiénico-sanitarios, procedimentales y técnicos necesarios para su funcionamiento; b) Autorizar el traslado, reforma, ampliación de rubro o cierre de farmacias, promoviendo especialmente la instalación en zonas alejadas de los grandes centros urbanos; c) Organizar y ejecutar planes de inspecciones y autoinspecciones, con el fin de evaluar la calidad de los servicios farmacéuticos, la infraestructura, los procesos de gestión y la aplicación de buenas prácticas, disponiendo las medidas correctivas y preventivas necesarias y verificando su cumplimiento y pudiendo intervenir de oficio cuando se presuman posibles infracciones a la normativa vigente; de ser necesario retirar muestras y productos para su control o decomiso; d) Regular el registro, adquisición, almacenamiento y expendio de drogas y medicamentos sujetos a control especial, organizar sistemas de turnos obligatorios; e) Promover la capacitación y actualización del personal que se desempeña en establecimientos farmacéuticos e impulsar sistemas de farmacovigilancia, tecnovigilancia y cosmetovigilancia, realizar actividades de vigilancia epidemiológica; f) Adoptar, en supuestos de fuerza mayor, o casos excepcionales debidamente acreditados, medidas transitorias de reorganización de los servicios farmacéuticos, incluida autorización de esquemas especiales de cobertura profesional, a fin de garantizar la continuidad de la atención; g) Dictar las disposiciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la presente Ley, en función de las innovaciones científicas y técnicas que incidan en el ejercicio profesional farmacéutico; h) Aplicar el régimen sancionatorio previsto en la presente Ley y su reglamentación, pudiendo adoptar medidas preventivas y cautelares, e imponer y percibir multas, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, contravencionales, civiles o penales que pudieran corresponder.
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