Abriendo la norma
Ley provincial 10.797
SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA
La persecución penal podrá ser suspendida a prueba cuando a la persona imputada pueda corresponderle una pena de prisión inferior a seis (6) años, siempre que no se trate de un delito imputado a una funcionaria o funcionario público ejecutado en ejercicio de sus funciones, que cause grave perjuicio al Estado. La solicitud será realizada por la Fiscalía y podrá efectuarse hasta el dictado del auto de apertura a juicio, debiéndose rechazar sin sustanciación, cualquier planteo posterior. Su procedencia requiere la conformidad de la persona imputada y su defensa técnica, la fiscalía actuará basándose en razones generales e igualitarias de política criminal. En la audiencia, a pedido de las partes, la jueza o juez resolverá las reglas de conductas que deberá cumplir la persona imputada y el plazo de cumplimiento. El control de las reglas de conducta para la suspensión del juicio a prueba estará a cargo de una Oficina Judicial, que dejará registro en forma periódica sobre el cumplimiento de las reglas y dará noticia a las partes de aquellas situaciones que pudieran dar base a una modificación o revocación del instituto. La víctima tendrá derecho a ser informada respecto del cumplimento de las condiciones impuestas. La Oficina de Gestión Administrativa deberá consultar a la víctima si desea ser informada acerca del cumplimiento de las condiciones; en ese caso, la víctima deberá fijar un domicilio, podrá asignar un representante legal y establecer el modo en que recibirá las comunicaciones. Cuando la persona imputada incumpliere las condiciones impuestas, la o el fiscal o la querella solicitará a la Oficina Judicial audiencia ante la jueza o juez para que las partes expongan sus fundamentos. La jueza o juez, según corresponda, podrá dar un plazo a la persona imputada para satisfacer las condiciones, modificarlas o revocar la suspensión del proceso a prueba. En este caso el procedimiento continuará de acuerdo a las reglas generales.
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