Abriendo la norma
Ley provincial 10.797
DERECHOS DE LA PERSONA IMPUTADA
A toda persona imputada se le asegurarán las garantías necesarias para su defensa, a cuyo fin las autoridades intervinientes le informarán de manera inmediata y comprensible los siguientes derechos: 1.- A ser informada de las razones de su aprehensión o detención, la autoridad que la ha ordenado, entregándole si la hubiere copia de la orden judicial emitida en su contra, y el de ser conducida ante una jueza o juez, sin demora, para que decida sobre la legalidad de aquella. 2.- A pedir que su aprehensión o detención sea comunicada en forma inmediata a un pariente o persona de su confianza, asociación o entidad. Si la persona imputada ejerciere este derecho se dejará constancia de la producción del aviso y del resultado obtenido. Cuando la persona aprehendida o detenida fuese extranjera se le informará que puede pedir que su situación sea comunicada al Cónsul del Estado de su nacionalidad y también que se haga saber al Cónsul su interés de ser entrevistada por él. 3.- A guardar silencio, sin que ello pueda ser valorado como una admisión de los hechos o como indicio de culpabilidad. 4.- A ser asistida desde el primer acto del procedimiento por el defensor de su elección o por uno propuesto por una persona de su confianza y en defecto de ello, por un defensor público. 5.- A entrevistarse con su defensor en forma libre, privada y confidencial, en particular en oportunidad previa a la realización de cualquier acto que requiera su intervención. 6.- A prestar declaración, si así lo deseara y si se encuentra detenida, dentro de las 48 horas de efectivizada la medida. 7.- A presentarse ante la fiscalía, jueza o juez, en su caso, para que se le informe y escuche sobre los hechos que se le imputan. 8.- A declarar cuantas veces quiera, con la presencia de su defensor, lo que se le hará saber cada vez que manifieste su deseo de hacerlo. 9.- A no ser sometida a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a medidas contrarias a su dignidad. 10.- A que no se empleen medios que impidan el libre movimiento de su persona en el lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las medidas de vigilancia que en casos especiales y a su prudente arbitrio la jueza o juez o la fiscalía considere necesarias. 11.- A acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga noticia de la existencia del proceso, según las previsiones de este Código. En todos los casos se dejará constancia fehaciente del cumplimiento del deber de información establecido en este artículo.
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