Abriendo la norma
Principios Generales. Los procedimientos que se tramitan por ante el Tribunal de Cuentas se impulsarán de oficio y se ajustarán a los siguientes principios: a) Deber renditivo: Es un principio esencial del Sistema Republicano y se aplicará a todo aquel que maneje caudales públicos. b) Reparación integral: Los cargos que el Tribunal de Cuentas aplique serán directamente proporcionales al perjuicio causado al erario público. c) Garantía del derecho de defensa: Todo aquel que sea enjuiciado por el Tribunal de Cuentas tendrá derecho a la defensa técnica. d) Razonabilidad: Los medios empleados por el Tribunal deberán ser proporcionales a los objetivos que se proponen. e) Economía procesal: En los procesos que se substancien ante el Tribunal debe primar la economía procesal que abarca: 1.- Concentración: Se propenderá a reunir toda la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos. 2.- Celeridad: Los procesos deben ser dinámicos, procurando evitar dilaciones innecesarias. 3.- Saneamiento: Deben buscarse los medios necesarios para despejar todos los impedimentos que dificulten el dictado de la resolución. f) Debido proceso adjetivo y legalidad: En toda actuación se deben respetar los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico. g) Presunción de legitimidad: Los actos administrativos dictados por las Funciones del Estado gozan de presunción de legitimidad iuris tantum, debiendo el Tribunal de Cuentas refutar fundadamente su posible ilegitimidad. h) Adquisición procesal: Los actos procesales y los elementos que surjan de los mismos no pertenecerán a los involucrados, sino al proceso. i) Non bis in ídem. Nadie puede ser sancionado en juicio ante el Tribunal de Cuentas, sino una sola vez por la misma causa. No obstante, podrán aplicarse simultáneamente la formulación de cargos con la aplicación de sanciones disciplinarias. j) Adaptabilidad tecnológica: El Tribunal podrá utilizar medios electrónicos y/o digitales, incluyendo herramientas de inteligencia artificial, sistemas de procesamiento automatizado de datos, tecnologías de registro distribuido y otras tecnologías que mejor se adecuen a criterios de innovación técnica y que favorezcan la eficiencia, trazabilidad, integridad y transparencia de los procedimientos. Su aplicación deberá observar los principios de legalidad, proporcionalidad, protección de datos personales, seguridad de la información, confidencialidad, inalterabilidad, disponibilidad, autenticidad, interoperabilidad, respeto al derecho de acceso a la información pública y todo otro estándar vigente en la materia. k) Gobierno abierto: El Tribunal promoverá la transparencia, la innovación y la participación ciudadana. La presente enumeración es de carácter meramente enunciativa, pudiendo surgir otros principios de forma implícita en el presente ordenamiento jurídico o su reglamentación.
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