Abriendo la norma
A los fines del cumplimiento de sus funciones de control el Tribunal de Cuentas tendrá las siguientes facultades: a) Solicitar a los responsables de rendir cuentas todos los antecedentes e informes que le sean necesarios para el cumplimiento de su cometido y exigir la presentación de libros, expedientes y documentos, que deberá ser puestos a su disposición a simple requerimiento; b) Requerir informe a la Contaduría General de la Provincia cuando lo estime necesario, sobre el desarrollo y registro de las operaciones contables, financieras y patrimoniales. c) Requerir con carácter conminatorio la rendición de cuentas y fijar plazos perentorios de presentación, a los que teniendo obligación de hacerlo fueran remisos o morosos. d) Crear, mantener o suprimir, cuando lo estime necesario, en cada repartición estatal o en otros organismos, una Delegación Fiscal o denominación que en el futuro la reemplace, para realizar durante el curso del ejercicio, el examen de la documentación que ha de ser objeto de los procesos integrados que se substancien ante el Tribunal de Cuentas. e) Constituirse en cualquier organismo del Estado o Hacienda Paraestatal para efectuar verificaciones, comprobaciones, auditorías y recabar los informes que considere necesario para el cumplimiento de sus funciones. f) Requerir informes o dictámenes de asesores y técnicos de las Funciones del Estado u organismos extra poder. g) Intervenir en los sumarios administrativos que se sustancian ante cualquier Organismo Estatal de los que pudiere resultar daño al patrimonio público. A tal fin toda repartición estatal deberá comunicar al Tribunal de Cuentas dentro de las (48) horas de dictada la resolución que ordene la instrucción de sumario administrativo. h) Fiscalizar en forma integral los procesos de privatización, ventas de empresas públicas o concesión en todas sus etapas. i) Contratar a profesionales independientes de auditoría o consultores externos privados, fijando los requisitos de idoneidad que deben reunir y las normas técnicas a las cuales se ajustarán, en caso de que se constatare que no existen agentes de la institución en condiciones de efectuar la tarea encomendada.
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