Abriendo la norma
Ley 12.311
º - a) El Poder Ejecutivo, procederá a dar cumplimiento al Art. 1.º de esta ley, por intermedio de una 'Comisión Especial', integrada con representantes del Poder Ejecutivo de la Intendencia Municipal de la Ciudad de Buenos Aires y de las empresas de transporte colectivo actualmente existentes. La 'Comisión Especial' será presidida por un representante del poder Ejecutivo. El número de representantes de las empresas, será fijado con arreglo a la importancia de cada una de ellas y su designación se hará por el Poder Ejecutivo, a propuesta de las mismas. El Poder Ejecutivo reglamentará la constitución y el funcionamiento de esta Comisión;
b) La Comisión Especial se expedirá dentro de seis meses de constituida, pero el Poder Ejecutivo podrá prorrogar este plazo si existiesen motivos para ello;
c) La Comisión Especial formulará y proyecto de constitución, organización y funcionamiento de la Corporación de Transportes, redactando el estatuto de la misma, en su carácter de persona jurídica. En dicho estatuto se determinará, además de las cláusulas que sean necesarias: 1.º El monto del capital de la Corporación de Transportes y la parte que en el mismo corresponda a cada uno de los participantes, incluídas la Nación y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La determinación del valor que deberá asignarse a cada una de las concesiones y permisos, por el aporte que signifiquen a la corporación, comprenderá: a) El valor de sus inmuebles, instalaciones fijas, material rodante, talleres, almacenes,capital circulante y demás bienes afectados actualmente al servicio, que se establecerá tomando por base el costo original y efectivo de los mismos, menos la depreciación causada por el uso. Sin embargo, se tendrán en cuenta, en forma equitativa los años durante los cuales la situación económica no haya permitido a las empresas efectuar sus gastos de renovación en forma normal. En caso de ignorarse el costo de origen de uno o mas bienes, o de ser imposible calcularlo por medio de la escala de precios vigentes en la época de su adquisición, se lo fijará teniendo en cuenta los precios vigentes durante una época económica normal, y, si fuera el caso, se combinarán los dos criterios, de manera que se establezca en forma equitativa su justo valor. b) El monto de los gastos inherentes a la constitución y organización de las empresas, los que serán fijados razonablemente en cada caso, previa su justificación y comprobación. En lo que se refiere a las empresas que posean concesiones a perpetuidad o a un plazo mayor de cincuenta y seis años, además de lo establecido en los incisos a) y b), la Comisión Especial tendrá en cuenta cada caso particular de modo equitativo; 2.º Las funciones de la 'Comisión de Control', entre las que figurarán el estudio de la mejor forma de levantar las vías en el centro de la ciudad y las responsabilidades a que estarán sometidos sus miembros por los actos que ejecuten o autoricen en el ejercicio de las mismas; 3.º La intervención o inspección técnica y administrativa a que deban estar sujetas las empresas que mantengan su régimen autónomo; 4.º El procedimiento para fijar las tarifas que deberán ser justas y razonables y dar origen a recursos suficientes para: a) Cubrir los gastos de explotación; b) Crear fondos de renovación del material y de reserva para mantener un buen servicio público; y c) Asegurar el capital representado un 7 % de interés y su amortización, a cuyo efecto la Corporación deberá poner a disposición de la Comisión de Control los libros y documentos que prueben sus entradas. Las tarifas obreras serán mantenidas en las actuales condiciones y horarios y deberá estudiarse la extensión de las mismas a otros servicios que actualmente no las tengan y a los que ulteriormente se implanten; 5.º La forma en que la Corporación dará estricto cumplimiento a las leyes que rigen las relaciones entre el capital y el trabajo y a la número 11.110 de jubilaciones. La Comisión Especial fijará las sumas no aportadas por las empresas de tranvías a las cajas de jubilaciones, estableciendo a cargo de la Corporación la obligación de amortizarlas en el plazo de veinte años; 6.º La forma en que la Corporación mantendrá el personal que, al promulgarse esta ley trabaje en el transporte en común de pasajeros, incluidos los propietarios de automóviles colectivos, a cuyo efecto se formará el correspondiente escalafón; 7.º Los materiales, trabajos e implementos que en igualdad de condiciones deberán procurarse en el país, de preferencia a los similares extranjeros;
d) Aprobado por el Poder Ejecutivo el proyecto a que se refiere el apartado anterior, el Ministerio del Interior requerirá la aceptación escrita de las empresas de transporte colectivo de pasajeros y, obtenida ésta, se constituirá definitivamente a la Corporación de Transportes. Los bienes afectados al servicio de ómnibus y automóviles colectivos de empresas o particulares que no deseen ingresar a la Corporación podrán ser expropiados con arreglo a las leyes vigentes, y pagados en efectivo, si así lo aprueba el Poder Ejecutivo, a cuyo efecto se declaran de utilidad pública esos bienes y medios de transporte;
e) Una vez transferidos a la Corporación los bienes muebles e inmuebles de las empresas que se le incorporen, por fusión o por expropiación, caducarán las concesiones, permisos y autorizaciones precarias de todos los medios de transporte a que se refiere el apartado b) del artículo 1.º de esta ley. Las empresas que ingresen a la Corporación, conservando su autonomía, quedarán sometidas a las prescripciones establecidas por la Comisión Especial y aprobadas por el Poder Ejecutivo;
f) Desde la promulgación de esta ley, las autoridades nacionales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, no darán nuevas concesiones ni permisos de transporte colectivo de pasajeros. Exonérase a las empresas y propietarios de medios de transporte colectivo de pasajeros, de las multas en que hubiesen incurrido hasta la promulgación de esta ley, por mora en el pago de aportes, contribuciones e impuestos;
g) Las cuestiones que, una vez constituida la Corporación de Transportes, se susciten entre el Directorio y la Comisión de Control sobre interpretación de las cláusulas del estatuto, serán dirimidas, en primera instancia, por el Poder Ejecutivo, con apelación para ante un árbitro único designado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El fallo del árbitro será inapelable.
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