Abriendo la norma
Ley 12.346
La explotación de los servicios públicos de transporte automotor por caminos, por toda persona o sociedad que se proponga efectuar mediante retribución el transporte de pasajeros, encomiendas o cargas por cuenta de terceros en o entre los territorios nacionales, o entre éstos y las provincias, o entre las provincias, o entre ellas o la Capital Federal, deberá obtener previamente el permiso de la Comisión Nacional de Coordinación de Transportes.
Los servicios públicos de transporte automotor por caminos que funcionen en virtud de concesiones municipales o provinciales, y que en razón de intercomunicar dos o más provincias queden en lo futuro comprendidas en el régimen de la presente ley, tendrán derecho a continuar el servicio que estuvieren prestando por un término de cinco años, a cuyo efecto deberán llenar los requisitos establecidos en la misma dentro de un plazo de 180 días.
Las condiciones que por reglamentación se estipulen en lo sucesivo sobre características, capacidad, dimensiones, etcétera, del material rodante no serán aplicables al que ya estuviere en circulación, durante un plazo de dos años.
Las tarifas vigentes no podrán ser aumentadas sino en la proporción necesaria para cubrir la diferencia entre las patentes y tasas actuales y las que resulten de la aplicación de la presente ley.
Los permisos no podrán exceder de 10 años y no serán renovados, negociados ni transferidos sin expresa autorización de la Comisión Nacional de Coordinación de Transportes.
La Comisión Nacional de Coordinación de Transportes determinará lo que deberá entenderse como 'servicio público de transporte automotor por caminos' a los efectos de esta Ley, atendiendo a la importancia y regularidad del servicio prestado.
Queda excluido de las disposiciones de esta ley el transporte de cargas para el consumo, utilización o comercialización de mercaderías, realizado por personas físicas o jurídicas, productoras o comercializadoras de aquéllas, en vehículos de su propiedad. salvo que el transporte sea de carácter internacional, o que los precios de las mercaderías sean diferentes según el lugar de entrega o que por su modalidad e importancia el transporte asuma, a juicio del Poder Ejecutivo características de un servicio público. Par los casos excluidos de la presente ley, la autoridad competente sólo podrá requerir información con fines estadísticos.
El Poder Ejecutivo reglamentará las restantes actividades del transporte de carga por camino que quedan comprendidas en eI presente régimen, como así también queda facultado para dejar sin efecto las exclusiones dispuestas precedentemente cuando razones de seguridad nacional así lo aconsejen. (Último párrafo sustituido por art. 1° de la Ley 22.139 B.O. 17/01/1980)
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