Abriendo la norma
Ley 13.198
El término de prórroga establecido en el artículo anterior no regirá:
a) Para los sublocadores. Los sublocatarios que ocupen el predio antes de la iniciación del juicio de desalojo que determinó la cesación del arrendamiento, no obstante la exclusión del locatario principal, tiene derecho a continuar en la tenencia del predio por el término de prórroga ya expresado, abonando al propietario el mismo precio del arriendo que pagaban al sublocador;
b) Cuando el arrendatario o sus ascendientes, descendientes o cónyuge no residan en el predio arrendado o en las proximidades, debiendo en este último caso acreditarse que realiza los trabajos personalmente o bajo su vigilancia directa. El Poder Ejecutivo resolverá si se justifican los pedidos de excepción a la prórroga fundada en este causal;
c) Cuando el arrendatario sea a su vez propietario de una fracción de campo que tenga desocupada o bajo explotación directa y constituya una unidad económica, según decisión que en cada caso dicte el Poder Ejecutivo;
d) Cuando el locador haya sido exceptuado de prórrogas anteriores por la Dirección de Arrendamiento y Aparcerías Rurales en virtud de las facultades acordadas a este organismo y el arrendatario cuente con tierras para trabajar que constituya una unidad económica, según decisión que en cada caso dicte el Ministerio de Agricultura, por intermedio de dicha repartición. Se estimará cumplido este requisito no solamente en el caso de que el arrendatario tenga tal inmueble en propiedad, sino cuando el Estado o los particulares lo hayan puesto a su disposición, en venta o arrendamiento, bajo condiciones aceptables de acuerdo al pronunciamiento que dicte la autoridad administrativa citada;
e) Para los contratos de arrendamiento relativos a inmuebles sujetos a planes de colonización oficial nacional o provincial o bajo la dependencia de los departamentos de Guerra, Marina y Aeronáutica.
En todos los casos que sean sometidos a la decisión de la Dirección de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, o dependencias del Poder Ejecutivo, deberá dictarse resolución dentro del término de ciento veinte días, vencido el cual quedará abierta la vía judicial, aunque no se haya producido el pronunciamiento administrativo.
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