Abriendo la norma
(a) Se reconoce que la intervención del estado de guerra no ha efectuado la obligación de pagar las deudas pecuniarias derivadas de obligaciones y contratos (inclusive las relacionadas con bonos) que existian, así como los derechos que fueron adquiridos antes de la existencia de un estado de guerra, que deba el Gobierno o nacionales del Japón al Gobierno o nacionales de una de las Potencias Aliadas o que deba el Gobierno o nacionales de una de las Potencias Aliadas al Gobierno o nacionales del Japón. Se considera igualmente que la intervención del estado de guerra tampoco afecta la obligación de examinar, según su méritos, las reclamaciones por pérdidas o por daños a la propiedad o por lesiones personales o muertes, ocurridas antes de la existencia de un estado de guerra, que presente o que pueda presentar nuevamente el Gobierno de alguna de las Potencias Aliadas al Gobierno del Japón, o el Gobierno del Japón al Gobiernos de alguna de las Potencias Aliadas. Las disposiciones de este párrafo son aplicables sin perjuicio de los derechos conferidos por el art. 14;
b) El Japón confirma su obligación con respecto a la deuda externa del Estado Japonés anterior a la guerra y a las deudas de personas morales posteriormente declaradas como obligaciones del Estado Japonés, y expresa su intención de entablar negociaciones en una fecha próxima con sus acreedores para reanudar los pagos de estas deudas; para promover negociaciones en relación con otras reclamaciones y obligaciones anteriores a la guerra; y para facilitar el traslado de las sumas correspondientes.
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