Abriendo la norma
La pérdida de la ciudadanía o de la nacionalidad adquirida será dispuesta por el Poder Ejecutivo, previa audiencia del afectado.
El Poder Ejecutivo estará facultado asimismo para acordar la rehabilitación de la ciudadanía o la nacionalidad adquirida, pero no podrá hacerlo antes de transcurridos tres años a partir de la fecha en que se hubiere dispuesto su pérdida.
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