Abriendo la norma
Ley 15.023
Las responsabilidades de las autoridades de las empresas del Estado se determinarán según las normas aplicables a los funcionarios públicos, a cuyo efecto quedan sujetos al juicio de responsabilidad que le será aplicado conforme a las disposiciones de la ley de contabilidad.
Exceptúanse de la norma general que antecede los casos en que medien perjuicios derivados de la utilización de los bienes o de la prestación de los servicios como consecuencia de la gestión propia y específica de la explotación a cargo de la empresa, pero las autoridades competentes en cada entidad deberán proceder al juzgamiento interno de los hechos y a la determinación de las sanciones que correspondan como consecuencia de los daños producidos, iniciando las acciones legales que sean procedentes.
Independientemente de las sanciones administrativas que correspondan en relación con la naturaleza de la infracción cometida, cuya ponderación y aplicación estará a cargo del Poder Ejecutivo, por conducto del ministerio o secretaría de Estado jurisdiccional, las autoridades responsables se harán pasibles de multas de hasta cincuenta mil pesos moneda nacional (m$n 50.000), que serán aplicadas por el Tribunal de Cuentas de la Nación y que regulará en función de la gravedad e importancia que revista el caso, ajustándose en cuanto a su cobro al procedimiento previsto por la ley de contabilidad.
La determinación de la responsabilidad personal estará a cargo del Tribunal de Cuentas de la Nación, sobre la base de la relación que exista entre la competencia legal-estatutaria o reglamentaria asignada al agente y la acción u omisión que configure la transgresión. Cuando la sanción pecuniaria deba ejercerse contra dos o más responsables, su cumplimiento tendrá carácter solidario por parte de los mismos.
Las disposiciones del presente artículo serán de plena aplicación a partir del 1° de enero de 1960. Con anterioridad a esa fecha, el Tribunal de Cuentas de la Nación procederá a comunicar a las autoridades competentes de cada empresa y por actuación independiente las transgresión incurridas bajo apercibimiento de aplicación de la sanción que corresponda, si el acto o la omisión puntualizada no quedara regularizada antes del 31 de mayo de 1960.
Artículo nuevo. - Toda transferencia de bienes de o a una empresa del Estado respecto a los demás organismos de la administración nacional se efectuará sobre la base del valor real de los mismos a la fecha de su desplazamiento. La contabilidad de la empresa afectada deberá registrar el movimiento pertinente, así como también la situación patrimonial y jurídica, conforme a las condiciones en que se haya dispuesto la transferencia por el Poder Ejecutivo.
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