Abriendo la norma
Ley 15.787
Cada Estado Contratante tendrá la facultad de promover la reunión de una nueva conferencia, a fin de investigar las mejoras que podrían introducirse.
El Estado que hiciera uso de esa facultad deberá notificar su intención con un año de anticipación a los demás Estados por intermedio del Gobierno belga, quien se encargará de convocar la conferencia.
Protocolo de firma
Al proceder a la firma de la Convención Internacional para la Unificación de ciertas Normas Relativas a los Privilegios e Hipotecas Marítimas, los Plenipotenciarios infrascritos han adoptado el presente Protocolo que tendrá la misma fuerza y valor que si sus disposiciones estuvieran incluidas en el texto mismo de la Convención a que se refiere.
I. - Se entiende que la legislación de cada Estado es libre de:
1° Establecer entre los créditos contemplados en el parágrafo 1° del art. 2°, un orden determinado inspirado en la salvaguardia de los intereses del Tesoro.
2° Acordar a las administraciones de los puertos, muelles, faros y vías navegables que hayan hecho retirar restos u otros objetos que obstaculizan la navegación, o que sean acreedores por derechos de puesto, o por daños causados por culpa de algún banco, el derecho, en caso de falta de pago, de retener el barco, los restos u otros objetos, venderlo e indemnizarse con el precio, con preferencia a los demás acreedores, y
3° Clasificar el orden de privilegio de los acreedores por daños causados a las obras de arte en forma distinta a la establecida en los arts. 5° y 6°.
II. - 'No se afectan las disposiciones de las leyes nacionales de los Estados Contratantes, que acordaren un privilegio a los establecimientos públicos de seguro para los créditos resultantes del seguro del personal de los barcos'.
Hecho en Bruselas, en un solo ejemplar, el 10 de abril de 1926.
CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA UNIFICACION DE CIERTAS REGLAS RELATIVAS A LAS INMUNIDADES DE LOS BUQUES DEL ESTADO
El Presidente del Reich Alemán, Su Majestad el Rey de los Belgas, el Presidente de la República del Brasil, Su Majestad el Rey de Dinamarca e Islandia, Su Majestad el Rey de España, el Jefe del Estado de Estonia, el Presidente de la República Francesa, Su Majestad el Rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y de las Posesiones Británicas de Ultramar, Emperador de la India, Su Alteza Serenísima el Regente del Reino de Hungría, Su Majestad el Rey de Italia, Su Majestad el Emperador del Japón, el Presidente de la República de Letonia, el Presidente de la República de Méjico, Su Majestad el Rey de Noruega, Su Majestad la Reina de los Países Bajos, el Presidente de la República de Polonia, el Presidente de la República Portuguesa, Su Majestad el Rey de Rumania, Su Majestad el Rey de los Servios, Croatas y Eslovenos y Su Majestad el Rey de Suecia.
Habiendo reconocido la utilidad de fijar de común acuerdo ciertas reglas uniformes relativas a las inmunidades de los buques de Estado, han decidido concluir una convención a ese efecto y han designado sus Plenipotenciarios, los cuales, debidamente autorizados para ello, han convenido lo siguiente:
Art. 1° - Los buques de ultramar pertenecientes a los Estados o explotados por ellos, los cargamentos que a ellos pertenezcan, los cargamentos y pasajeros transportados por los buques de Estado, así como los Estados que son propietarios de dichos buques o que los explotan, o que son propietarios de dichos cargamentos, están sujetos en lo concerniente a las reclamaciones relativas a la explotación de dichos buques o al transporte de dichos cargamentos, a las mismas reglas de responsabilidad y a las mismas obligaciones que las aplicables a los buques, cargamentos y armamentos privados.
Art. 2° - Para dichas responsabilidades y obligaciones, las reglas referentes a la competencia de los tribunales, las acciones judiciales y el procedimiento son idénticos a los que se aplican a los buques mercantes pertenecientes a propietarios privados así como a los cargamentos privados y sus propietarios.
Art. 3° - 1. Las disposiciones de los dos artículos precedentes no son aplicables a los buques de guerra, yates de Estado, buques de vigilancia, buques-hospitales, buques auxiliares, buques de abastecimiento y otras embarcaciones pertenecientes a un Estado o por él explotados y afectados exclusivamente, en el momento de originarse el crédito, a un servicio gubernamental y no comercial, y dichos buques no serán objeto de embargos, capturas o detenciones por cualquier auto judicial, ni de ninguna otra acción judicial 'in rem'.
Sin embargo, los interesados tienen el derecho de reclamar ante los tribunales competentes del Estado, el propietario del buque o el que lo explote, sin que dicho Estado pueda prevalecer de su inmunidad:
1° Por las acciones relativas al abordaje o a otros accidentes de navegación;
2° Por las acciones relativas al socorro de salvamento y de averías comunes;
3° Por las acciones relativas a la reparación, abastecimiento u otros contratos concernientes al buque.
II. - Se aplican las mismas reglas a los cargamentos pertenecientes a un Estado y transportados a bordo de los buques arriba mencionados.
III. - Los cargamentos pertenecientes a un Estado y transportados a bordo de buques mercantes, con fin gubernamental y no comercial no podrán ser objeto de embargos, capturas o detenciones por cualquier auto judicial, ni de ninguna otra acción judicial 'in rem'.
Sin embargo, las acciones relativas al abordaje y accidente náutico, al socorro y salvamento y a las averías comunes, así como las acciones relativas a los contratos concernientes a dichos cargamentos podrán ser perseguidos ante el tribunal competente en virtud del art. 2°.
Art. 4° - Los Estados podrán invocar todos los medios de defensa, de prescripción y de limitación de responsabilidad de que puedan prevalecerse los buques privados y sus propietarios.
Si es necesario adaptar o modificar las disposiciones relativas a esos medios de defensa, de prescripción y de limitación con el objeto de hacerlos aplicables a los buques de guerra o a los buques de Estado comprendidos en los términos del art. 3° se concluirá una Convención especial al respecto. Mientras tanto, podrán tomarse las medidas necesarias por medio de las leyes nacionales, ateniéndose al espíritu y a los principios de la presente Convención.
Art. 5° - Si en el caso del art. 3° hay duda, en la opinión del tribunal competente, respecto de la naturaleza gubernamental y no comercial del buque o del cargamento, la certificación firmada por el representante diplomático del Estado contratante al cual pertenece el buque o el cargamento, producida con intervención del Estado ante las Cámaras y Tribunales en que el litigio está pendiente, probará que el buque o el cargamento están comprendidos en los términos del art. 3° al solo efecto de obtener el levantamiento de los embargos, capturas o detenciones ordenadas por la justicia.
Art. 6° - Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán en cada Estado contratante, bajo reserva de que no se beneficien los Estados no contratantes, y sus nacionales, o de subordinar la aplicación a la condición de reciprocidad.
Por otra parte, nada impide que un Estado contratante reglamente, por sus propias leyes, los derechos acordados a sus nacionales ante sus tribunales.
Art. 7° - En tiempo de guerra, cada Estado contratante se reserva el derecho, mediante declaración notificada a los otros Estados contratantes, de suspender la aplicación de la presente convención, en el sentido de que en este caso, ni los buques que le pertenezcan o sean explotados por él, ni los cargamentos que les pertenezcan, no podrán ser objeto de captura alguna, embargo o detención por tribunal extranjero. Pero el acreedor tendrá el derecho de entablar su acción ante el Tribunal competente en virtud de los arts. 2° y 3°.
Art. 8° - Nada afecta en la presente Convención a los derechos de los Estados Contratantes para que tomen las medidas que puedan imponer los derechos y deberes de la neutralidad.
Art. 9° - A la expiración del plazo de dos años, a más tardar, a contar del día de la firma de la Convención, el Gobierno belga se pondrá en contacto con los Gobiernos de las Altas Partes Contratantes que se hayan declarado dispuestas a ratificarla, al efecto de decidir si es posible ponerla en vigor. Las ratificaciones se depositarán en Bruselas, en la fecha que se fijará de común acuerdo entre dichos Gobiernos. El primer depósito de ratificaciones será verificado por un acta suscrita por los representantes de los Estados participantes y por el Ministro de Negocios Extranjeros de Bélgica.
Los depósitos ulteriores se realizarán mediante notificación escrita, dirigida al Gobierno belga y acompañada por el instrumento de ratificación.
Por intermedio del Gobierno belga y por conducto diplomático se remitirá inmediatamente copia certificada conforme del acta correspondiente al primer depósito de ratificación, de las notificaciones mencionadas en el parágrafo precedente, así como de los instrumentos de ratificación que les acompañan a los Estados signatarios de la presente Convención o que hayan adherido a ella. En los casos contemplados en el parágrafo precedente, dicho Gobierno dará a conocer, al mismo tiempo, la fecha de recibo de la notificación.
Art. 10. - Los Estados no signatarios podrán adherir a la presente Convención, hayan o no estado representados en la Conferencia Internacional de Bruselas.
El Estado que desee adherir notificará por escrito su intención al Gobierno belga remitiéndole el acta de adhesión, la cual se depositará en los archivos de dichos Gobiernos.
El Gobierno belga remitirá de inmediato a todos los Estados signatarios o adherentes copia certificada conforme de la notificación, así como del acta de adhesión, indicando la fecha de recibo de la notificación.
Art. 11. - Las Altas Partes Contratantes pueden, en el momento de la firma, del depósito de las ratificaciones o desde su adhesión, declarar que la aceptación que prestan a la presente Convención no se aplica ya sea a alguno o algunos de los Dominios autónomos, colonias, posesiones, protectorados o territorios de ultramar que se encuentren bajo su soberanía o autoridad. Por consiguiente, ellos pueden ulteriormente adherir por separado, en nombre de uno u otro de esos Dominios autónomos, colonias, posesiones, protectorado o territorios de ultramar, así excluidos de su declaración original. Pueden también, de acuerdo con estas disposiciones, denunciar la presente Convención, por separado, por uno o varios de los Dominios autónomos, colonias, posesiones, protectorados o territorios de ultramar que se encuentren bajo su soberanía o autoridad.
Art. 12. - Con respecto a los Estados que hayan participado en el primer depósito de ratificaciones, la presente Convención producirá efecto un año después de la fecha del acta de depósito. En lo relativo a los Estados que la ratifiquen ulteriormente o que adhieran a ella, así como en los casos en que la entrada en vigor se haga ulteriormente, y según el art. 11, producirá efecto 6 meses después que las notificaciones previstas en el art. 9°, parágrafo 2 y en el art. 10, parágrafo 2 hayan sido recibidas por el Gobierno belga.
Art. 13. - En caso de que uno de los Estados Contratantes quisiera denunciar la presente Convención, la denuncia se notificará por escrito al Gobierno belga, el cual comunicará de inmediato copia certificada conforme de la notificación a todos los otros Estados, haciéndoles conocer la fecha de recibo.
La denuncia producirá efecto sólo con respecto al Estado que la haya notificado y un año después que la notificación haya llegado al Gobierno belga.
Art. 14. - Cualquier Estado Contratante tendrá el derecho de convocar la reunión de una nueva conferencia, con el objeto de buscar las mejoras que pudieran introducirse.
El Estado que hiciera uso de este derecho tendría que notificar su intención a los otros Estados con un año de anticipación por intermedio del Gobierno belga, que se encargaría de convocar la conferencia.
Hecho en Bruselas, en un solo ejemplar, el 10 de abril de 1926.
PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA UNIFICACION DE CIERTAS NORMAS SOBRE INMUNIDAD DE LOS BARCOS DE ESTADO FIRMADA EN BRUSELAS, EL 10 DE ABRIL DE 1926
Los Gobiernos signatarios de la Convención Internacional para la Unificación de ciertas Normas sobre Inmunidad de los Barcos de Estado, habiendo reconocido la necesidad de precisar ciertas disposiciones del presente Acto han designado a los Plenipotenciarios infrascritos, quienes, después de haberse comunicado sus plenos poderes reconocidos en buena y debida forma, han convenido lo siguiente:
I
Como han surgido dudas acerca de saber si, y en qué medida, las palabras 'explotados por él' en el art. 3° de la Convención, se aplican o pueden ser interpretados como aplicándose a los barcos fletados por un Estado, ya sea por tiempo o por viaje, se ha formulado la declaración siguiente con miras a disipar esas dudas:
Los barcos fletados por los Estados, ya sea por tiempo o por viaje, a condición que estén afectados exclusivamente a un servicio gubernamental y no comercial, así como los cargamentos que transportan dichos barcos no pueden ser objeto de ningún embargo, parada o detención, pero esta inmunidad no afecta todos los demás derechos o recursos que puedan corresponder a los interesados. Un testimonio presentado por el representante diplomático del Estado en cuestión, en la forma prevista por el art. 5° de la Convención, debe servir igualmente en ese caso como prueba de la naturaleza del servicio al que es afectado el barco'.
II
Para la excepción prevista en el art. 3°, parágrafo I, se entiende que la propiedad del barco correspondiente al Estado o la explotación del barco efectuada por el Estado en el momento de las medidas de embargo, parada o detención, se asimilan a la propiedad existente o a la explotación practicada en el momento de originarse el crédito.
En consecuencia, dicho artículo podrá ser invocado por los Estados en favor de las barcos que les pertenezcan o explotados por ellos, en el momento de las medidas de embargo, parada o detención, si están afectados a un servicio exclusivamente gubernamental y no comercial.
III
Se entiende que nada en las disposiciones del art. 5° de la Convención impide a los Gobiernos interesados a comparecer por sí mismos, ajustándose al procedimiento previsto por las leyes nacionales ante la jurisdicción a la cual se sometió el litigio y presentarle el testimonio previsto en dicho artículo.
IV
Como la Convención no afecta en nada los derechos y obligaciones de los beligerantes y de los neutrales, el art. 7° no afecta en forma alguna la jurisdicción de los tribunales de presa debidamente constituidos.
V
Se entiende que nada en las disposiciones del art. 2° de la Convención limita y afecta de manera alguna la aplicación de las normas nacionales de procedimiento en los casos en que el Estado es Parte.
Cuando se plantea la cuestión de administración de pruebas o de presentación de documentos, si a criterio del Gobierno interesado tales pruebas no pueden ser administradas o tales documentos presentados sin que de ello resulte un perjuicio para los intereses nacionales, dicho Gobierno podrá abstenerse invocando la salvaguardia de dichos intereses nacionales.
En fe de lo cual, los infrascritos debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Protocolo Adicional que será considerado como parte integrante de la Convención del 10 de abril de 1926 a la que se refiere.
Hecho en Bruselas, el 24 de mayo de 1934, en un solo ejemplar que quedará depositado en los archivos del Gobierno belga.
CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA UNIFICACION DE CIERTAS NORMAS RELATIVAS A LA COMPETENCIA CIVIL EN MATERIA DE ABORDAJE, FIRMADA EN BRUSELAS EL 10 DE MAYO DE 1952
Las Altas Partes Contratantes,
Habiendo reconocido la conveniencia de fijar en común acuerdo ciertas normas uniformes relativas a la competencia civil en materia de abordajes han decidido una Convención a dicho efecto, y han convenido lo siguiente:
Art. 1° - 1. La acción con motivo de un abordaje ocurrido entre embarcaciones de mar o entre embarcaciones de mar y barcos de navegación interior podrá ser entablada únicamente:
a) Ya sea ante el tribunal de la residencia habitual del demandado o de una de sus sedes comerciales;
b) O ante el tribunal del lugar donde se haya embargado el barco demandado o a otro barco perteneciente al mismo demandado en caso de que dicho embargo esté autorizado, o del lugar donde el embargo hubiera podido practicarse y donde el demandado haya dado una caución o cualquier otra garantía;
c) O ante el tribunal del lugar del abordaje, cuando dicho abordaje se haya producido en los puertos y radas, así como en aguas interiores.
2. Corresponderá al demandante decidir ante cuál de los tribunales indicados en el parágrafo procedente se iniciará la acción.
3. El demandante no podrá iniciar contra el mismo demandado una nueva acción basada sobre los mismos hechos ante otra jurisdicción sin desistir de la acción ya iniciada.
Art. 2° - Las disposiciones del art. 1° no afectan en nada el derecho de las partes de iniciar una acción por causa de un abordaje ante la jurisdicción que hayan elegido de común acuerdo, o bien de someterla a arbitraje.
Art. 3° - 1. Las contrademandas originadas por el mismo abordaje podrán ser sometidas ante el tribunal competente para conocer en la acción principal de acuerdo con los términos del art. 1°.
2. En el caso que existan varios demandantes, cada uno de ellos podrá iniciar su acción ante el tribunal que tramitó anteriormente una acción motivada por el mismo abordaje contra la misma parte.
3. En caso de un abordaje en el que varios barcos estén implicados, nada en las disposiciones de la presente Convención se opone a que el tribunal que lo tramita en aplicación de las reglamentaciones del art. 1° se declare competente, de acuerdo con las normas de competencia de sus leyes nacionales, para juzgar todas las acciones originadas por el mismo incidente.
Art. 4° - La presente Convención se aplica también a las acciones tendientes a la reparación de los daños que, ya sea por ejecución u omisión de una maniobra, o por inobservancia de los reglamentos, un barco haya causado ya sea a otro barco, o a las cosas o las personas que se hallaren a bordo, aun cuando no hubiera habido abordaje.
Art. 5° - Nada de lo establecido en la presente Convención modifica las normas de derecho en vigor en los Estados Contratantes, en lo que respecta a los abordajes que involucran buques de guerra o barcos pertenecientes al Estado o al servicio del Estado.
Art. 6° - La presente Convención no tendrá efecto en lo relativo a las acciones originadas por el contrato de transporte o por cualquier otro contrato.
Art. 7° - La presente Convención no se aplicará en los casos contemplados en las disposiciones de la convención revisada sobre la navegación del Rin del 17 de octubre de 1868.
Art. 8° - Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán con respecto a todas las personas interesadas, cuando todos los barcos en causa pertenezcan a los Estados de las Altas Partes Contratantes.
Queda entendido, sin embargo:
1. Que con respecto a los interesados nacionales de un Estado no contratante, la aplicación de dichas disposiciones podrá ser subordinada por cada uno de los Estados Contratantes a la condición de reciprocidad.
2. Que, cuando los interesados son nacionales del mismo Estado que el tribunal que tramite el caso, se aplica la ley nacional y no la Convención.
Art. 9° - Las Altas Partes Contratantes se comprometen a someter a arbitraje todos los conflictos entre Estados que puedan surgir de la interpretación o de la aplicación de la presente convención, sin perjuicio, no obstante, de las obligaciones de las Altas Partes Contratantes que han convenido en someter sus conflictos a la Corte Internacional de Justicia.
Art. 10. - La presente Convención queda abierta a la firma de los Estados representados en la Novena Conferencia Diplomática sobre Derecho Marítimo. El protocolo de firma será redactado por intermedio del Ministerio de Negocios Extranjeros de Bélgica.
Art. 11. - La presente Convención será ratificada y los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Ministerio de Negocios Extranjeros de Bélgica, que notificará su depósito a todos los Estados signatarios y adherentes.
Art. 12. - a) La presente Convención entrará en vigor entre los dos primeros Estados que la hayan ratificado, 6 meses después de la fecha del depósito del segundo instrumento de ratificación;
b) Para cada Estado signatario que ratifique la Convención después del segundo depósito, la misma entrará en vigor 6 meses después de la fecha del depósito de su instrumento de ratificación.
Art. 13. - Todo Estado no representado en la Novena Conferencia Diplomática sobre Derecho Marítimo podrá adherir a la presente Convención.
Las adhesiones serán notificadas al Ministerio de Negocios Extranjeros de Bélgica, que informará sobre ellas por vía diplomática, a todos los Estados signatarios y adherentes.
La Convención entrará en vigor para el Estado adherente 6 meses después de la fecha de recepción de dicha notificación, pero no antes de la fecha de su entrada en vigor de acuerdo con las disposiciones del art. 12 a).
Art. 14. - Cualquiera de las Altas Partes Contratantes podrá solicitar a la expiración del período de 3 años siguiente a la entrada en vigor a su respecto de la presente Convención, la convocación de una Conferencia encargada de considerar todas las propuestas tendientes a la revisión de la Convención.
Toda Alta Parte Contratante que deseara hacer uso de dicha facultad lo comunicará al Gobierno belga, el que se encargará de convocar la Conferencia dentro de los 6 meses subsiguientes.
Art. 15. - Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá el derecho de denunciar la presente Convención en cualquier momento después de su entrada en vigor a su respecto. Sin embargo, dicha denuncia sólo tendrá efecto un año después de la fecha de recepción de la notificación de denuncia al Gobierno belga, que informará sobre ella, por vía diplomática a las otras Partes Contratantes.
Art. 16. - a) Cualquiera de las Altas Partes Contratantes puede notificar por escrito al Gobierno belga en el momento de la ratificación de la adhesión, o en cualquier otro momento posterior que la presente Convención es aplicable a los territorios o a ciertos territorios de cuyas relaciones internacionales es responsable. La Convención será aplicable a dichos territorios 6 meses después de la fecha de recepción de dicha notificación por el Ministerio de Negocios Extranjeros de Bélgica, pero no antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención con respecto a dicha Alta Parte Contratante;
b) Toda Alta Parte Contratante que haya suscrito una declaración en virtud del parágrafo a) del presente artículo, podrá comunicar en cualquier momento al Ministerio de Negocios Extranjeros de Bélgica que la Convención deja de aplicarse al territorio en cuestión. Dicha denuncia tendrá efecto dentro del plazo de un año establecido en el art. 15;
c) El Ministerio de Negocios Extranjeros de Bélgica notificará por vía diplomática a todos los Estados signatarios y adherentes cualquier notificación recibida por el mismo en virtud del presente artículo.
Dado en Bruselas, en un solo ejemplar en los idiomas francés e inglés, haciendo ambos textos igualmente fe, el 10 de mayo de 1952.
CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA UNIFICACION DE CIERTAS NORMAS RELATIVAS A LA COMPETENCIA PENAL EN MATERIA DE ABORDAJE Y OTROS INCIDENTES DE NAVEGACION
Las Altas Partes Contratantes,
Habiendo reconocido la conveniencia de fijar de común acuerdo ciertas normas uniformes relativas a la competencia penal en materia de abordaje y otros incidentes de navegación, han decidido concluir una convención a dicho efecto y han convenido lo siguiente:
Art. 1° - En caso de abordaje o de cualquier otro incidente de navegación relativo a una embarcación de mar y que involucre la responsabilidad penal o disciplinaria del capitán o de cualquier otra persona al servicio de la embarcación, sólo podrán iniciarse procedimientos ante las autoridades judiciales o administrativas del Estado cuya bandera llevara la embarcación en el momento del abordaje o del incidente de navegación.
Art. 2° - En el caso previsto en el artículo precedente, ninguna autoridad fuera de aquellas cuya bandera llevara la embarcación podrá ordenar ningún embarco o retención contra la misma, ni aun como medidas de investigación.
Art. 3° - Ninguna disposición de la presente Convención se opone a que un Estado, en caso de abordaje u otro incidente de navegación, reconozca a sus propias autoridades, el derecho de adoptar cualesquiera medidas en relación con los certificados de competencia y licencias que ha acordado, o de enjuiciar a sus nacionales con motivo de infracciones cometidas mientras se encontraban a bordo de un buque que enarbolara pabellón de otro Estado.
Art. 4° - La presente Convención no se aplica a los abordajes u otros incidentes de navegación ocurridos en los puertos y radas así como en las aguas interiores.
Además, las Altas Partes Contratantes, en el momento de la firma, del depósito de las ratificaciones o de adhesión a la Convención, pueden reservarse el derecho de tomar medidas contra las infracciones cometidas en sus propias aguas territoriales.
Art. 5° - Las Altas Partes Contratantes se comprometen a someter a arbitraje todos los conflictos entre Estados que puedan surgir de la interpretación o de la aplicación de la presente Convención, sin perjuicio, no obstante, de las obligaciones de las Altas Partes Contratantes que han convenido en someter sus conflictos a la Corte Internacional de Justicia.
Art. 6° - La presente Convención quedará abierta a la firma de los Estados representados en la Novena Conferencia Diplomática de Derecho Marítimo. El Protocolo de firma será redactado por intermedio del Ministerio de Negocios Extranjeros de Bélgica.
Art. 7° - La presente Convención será ratificada y los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Ministerio de Negocios Extranjeros de Bélgica, que notificará su depósito a todos los Estados signatarios y adherentes.
Art. 8° - a) La presente Convención entrará en vigor entre los dos primeros Estados que la hayan ratificado seis meses después de la fecha del depósito del segundo instrumento de ratificación.
b) Para cada Estado signatario que ratifique la Convención después del segundo depósito, la misma entrará en vigor seis meses después de la fecha del depósito de su instrumento de ratificación.
Art. 9° - Todo Estado no representado en la Novena Convención Diplomática de Derecho Marítimo podrá adherir a la presente Convención.
Las adhesiones serán notificadas al Ministerio de Negocios Extranjeros de Bélgica, que lo comunicará por vía diplomática a todos los Estados signatarios y adherentes.
La Convención entrará en vigor para el Estado adherente seis meses después de la fecha de recepción de dicha notificación, pero no antes de la fecha de su entrada en vigor, tal como se establece en el art. 8°, a).
Art. 10. - Cualquier Alta Parte Contratante podrá, a la expiración del plazo de 3 años siguientes a la entrada en vigor a su respecto de la presente Convención, solicitar la convocatoria de una Conferencia encargada de considerar todas las propuestas tendientes a la revisión de la Convención.
Cualquier Alta Parte Contratante que desee hacer uso de dicha facultad lo comunicará al Gobierno belga, que se encargará de convocar la Conferencia dentro de los seis meses subsiguientes.
Art. 11. - Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá el derecho de denunciar la presente Convención en cualquier momento después de su entrada en vigor a su respecto. Sin embargo, dicha denuncia solo tendrá efecto un año después de la fecha de recepción de la notificación de denuncia al Gobierno belga, que la pondrá en conocimiento de las otras Partes Contratantes por vía diplomática,
Art. 12. - a) Cualquiera de las Altas Partes Contratantes, en el momento de la ratificación, de la adhesión, o en cualquier momento ulterior, puede notificar por escrito al Gobierno belga que la presente Convención se aplica a los territorios o a ciertos territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable. La Convención será aplicable a esos territorios seis meses después de la fecha de recepción de dicha notificación por el Ministerio de Negocios Extranjeros de Bélgica, pero no antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención con respecto a dicha Alta Parte Contratante.
b) Cualquiera de las Altas Partes Contratantes que haya firmado una declaración en virtud del parágrafo a) del presente artículo, podrá comunicar en cualquier momento al Ministerio de Negocios Extranjeros de Bélgica que la Convención deja de aplicarse al territorio en cuestión. Dicha denuncia se hará efectiva dentro del plazo de un año previsto en el art. 9°.
c) El Ministerio de Negocios Extranjeros de Bélgica comunicará por vía diplomática a todos los Estados signatarios y adherentes toda notificación recibida por el mismo en virtud del presente artículo.
Dado en Bruselas el 10 de mayo de 1952, en un solo ejemplar, en los idiomas francés e inglés, haciendo ambos textos igualmente fe.
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