Abriendo la norma
Ley 15.796
Autorízase al Poder Ejecutivo para que cuando razones de racionalización administrativa lo aconsejen o lo exija la ineludible necesidad de realizar economías en los gastos públicos, suprima dependencias, servicios y funciones, pudiendo igualmente redistribuir o transferir estos últimos entre los distintos organismos del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, debiendo determinarse -cuando así correspondiere- los organismos que se harán cargo de las funciones respectivas. Facúltasele además para que reduzca empleos en la Administración pública nacional (Administración central, servicios de cuentas especiales, organismos descentralizados, empresas del Estado, plan de obras y trabajos públicos y obras sociales), en la medida que estime compatible con el funcionamiento adecuado de los servicios.
El personal del cual se prescinda como consecuencia de las medidas indicadas precedentemente tendrá derecho a percibir por ese motivo lo siguiente:
a) Agentes comprendidos en el estatuto del personal civil de la Administración pública nacional, o excluidos del mismo y que no se encuentren amparados por ningún régimen indemnizatorio - indemnización equivalente al cuarenta por ciento (40%) de su retribución mensual por cada año de servicio y hasta un máximo de veinte (20) años;
b) Agentes excluidos del estatuto mencionado en el apartado a) y que estén comprendidos en otro régimen indemnizatorio - Indemnización que corresponda por despido sin causa según el régimen respectivo.
La indemnización será calculada de acuerdo con la antigüedad computable de conformidad con las normas en vigor, no pudiendo ser inferior a tres (3) meses de retribución. La liquidación de los importes que le corresponda se realizará en cuotas mensuales no inferiores al setenta por ciento (70%) de su retribución, debiendo suspenderse automáticamente el pago de esa indemnización en caso de que el agente reingrese a la administración pública. Esta norma es de aplicación asimismo para el personal que reingrese contratado o mediante cualquier forma de retribución.
La indemnización para los agentes que tengan otorgado un beneficio jubilatorio o prestación similar, o que se encuentren en condiciones de obtenerlos, se limitará a un máximo de tres (3) meses de retribución de acuerdo con las normas que dicte el Poder Ejecutivo.
El importe correspondiente a las vacantes producidas por los motivos indicados se destinará al pago de las indemnizaciones a que se ha hecho referencia.
El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones del presente artículo.
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