Abriendo la norma
Ley 16.432
Autorízase al Poder Ejecutivo para que cuando razones de racionalización administrativa lo aconsejen o lo exija la ineludible necesidad de realizar economías en los gastos públicos, suprima dependencias, servicios y funciones, pudiendo igualmente redistribuir o transferir estos últimos entre los distintos organismos del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, debiendo determinarse -cuando así correspondiere- los organismos que se harán cargo de las funciones respectivas. Facúltasele además para que reduzca empleos en la administración pública nacional (administración central, servicios de cuentas especiales, organismos descentralizados, empresas del Estado, plan de obras y trabajos públicos, y obras sociales), en la medida que estime compatible con el funcionamiento adecuado de los servicios.
El personal del cual se prescinda como consecuencia de las medidas indicadas precedentemente, tendrá derecho a percibir por ese motivo lo siguiente:
a) Agentes comprendidos en el estatuto del personal civil de la Administración Pública nacional, o excluidos del mismo y que no se encuentren amparados por ningún régimen indemnizatorio -indemnización equivalente al cuarenta por ciento (40%) de su retribución mensual por cada año de servicio y hasta un máximo de veinte (20) años;
b) Agentes excluidos del estatuto mencionado en el apartado a) y que estén comprendidos en otro régimen indemnizatorio - Indemnización que corresponda por despido sin causa según el régimen respectivo.
La indemnización será calculada de acuerdo con la antigüedad computable de conformidad con las normas en vigor, no pudiendo ser inferior a 3 meses de retribución. La liquidación de los importes que le corresponda se realizará en cuotas mensuales no inferiores al setenta por ciento (70%) de su retribución, debiendo suspenderse automáticamente el pago de esa indemnización en caso de que el agente reingrese a la administración pública. Esta norma es de aplicación asimismo para el personal que reingrese contratado o mediante cualquier forma de retribución.
La indemnización para los agentes que tengan otorgado un beneficio jubilatorio o prestación similar, o que se encuentren en condiciones de obtenerlos, se limitará a un máximo de tres (3) meses de retribución, de acuerdo con las normas que dicte el Poder Ejecutivo.
El importe correspondiente a las vacantes producidas por los motivos indicados se destinará al pago de las indemnizaciones a que se ha hecho referencia, a cuyo efecto las disponibilidades crediticias provenientes de aquéllas podrán afectarse provisionalmente a dicho pago.
El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones del presente artículo.
Artículo. 50 . – Facúltase al Poder Ejecutivo para centralizar, en la medida que lo estime conveniente y en los organismos adecuados, la venta de los inmuebles a que se refiere la ley 13.539 y las leyes especiales dictadas hasta la fecha, por las cuales se autorizó expresamente a distintos organismos de la administración centralizada, entidades descentralizadas o autárquicas para realizar enajenaciones de inmuebles no necesarios para sus servicios específicos.
A tal efecto se lo faculta para fijar las bases de las ventas y para delegar en organismos centralizados o descentralizados, inclusive los bancos oficiales, los procedimientos de las operaciones de venta y para celebrar los actos jurídicos necesarios al perfeccionamiento de las transferencias.
Las ventas podrán hacerse mediante remate público o concurso de precios de acuerdo con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. Podrán venderse directamente bienes inmuebles solicitados por gobiernos de provincias o municipalidades para destinarlos a fines de utilidad pública.
Asimismo podrán venderse directamente esos bienes a entidades oficiales o personas de derecho privado que persigan la finalidad de construir viviendas. En los casos de personas privadas, previa aprobación por el organismo centralizador de las ventas, de los planes de construcción y financiación.
Autorízase también la venta directa a sus ocupantes de los solares en los cuales aquéllos, con autorización oficial, hayan levantado viviendas, siempre que las construcciones realizadas se ajusten a las normas establecidas por la autoridad municipal del lugar.
En el caso de ventas directas, el precio se fijará con el asesoramiento indistinto del Tribunal de Tasaciones, del Banco Hipotecario Nacional, del Banco de la Nación Argentina o del organismo provincial especializado en materia de tasaciones inmobiliarias.
Autorízase asimismo al Poder Ejecutivo para centralizar la venta de bienes inmuebles en desuso o en condiciones de rezago o aun de aquellos que sin reunir ese carácter convenga renovar para mejorar la eficiencia de los servicios, y para entregar tales bienes como parte de precio de las adquisiciones que efectúe. En caso de que la venta o entrega en pago de precio no resultara de un remate o licitación pública o privada, el valor de los bienes vendidos o entregados será fijado por peritos en la forma que establezca la reglamentación.
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